El diputado federal Héctor Saúl Téllez (PAN) afirmó que al darle la categoría de obra de seguridad nacional al Tren Maya el Gobierno de México busca evadir el cumplimiento de la ley.
“Es muy lamentable conocer que el Consejo de Seguridad Nacional ha catalogado al Tren Maya como una obra de seguridad nacional, esto es un argucia legal que está utilizando el gobierno de la 4T para hacer trampa y evadir el cumplimiento de la ley que no lo vamos a permitir, exigimos que se den a conocer los criterios que se utilizaron y sus alcances para evadir la ley y los permisos ambientales”, aseveró.
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Sostuvo que el Tren Maya ha resultado, al igual que otras mega obras como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y la refinería en Dos Bocas, una obra sin planeación, con un avance físico menor a lo proyectado y con un sobre costo que ya rebasa en un 90% en lo planteado al inicio.
Pero lo más grave, reiteró Téllez, es que bajo el argumento de seguridad nacional, se haya reanudado la construcción en un tramo que tenía una suspensión judicial.
Añadió que el gasto público que se ha venido ejerciendo desde el inicio de la obra ha sido desordenado, desaseado y con falta de planeación.
“La falta de planeación y el derroche de recursos en el Tren Maya es verdaderamente insultante, ahora se nos anuncia que habrá un sobre costo de más de 90% en esta obra.
“Primero se anunció que costaría alrededor de 120 mil millones de pesos, después las proyecciones nos marcan que pasará de los 200 mil millones… es un derroche de recursos innecesario, este capricho presidencial sale muy caro”, apuntó.
Agregó que de acuerdo a datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se hizo una modificación al presupuesto aprobado, aumentándolo de 62 mil 942 millones de pesos, a 73 mil 372 millones de pesos, es decir, diez mil millones de pesos extras para este año y con un avance físico de 28.3% al primer trimestre del año.
“Ante los cambios que ha sufrido este proyecto por la inviabilidad de sus rutas, antes de dejar el cargo Rogelio Jiménez Pons, en una comparecencia en el Senado en octubre de 2021, comentó que el costo total de la obra sería de hasta 230 mil millones de pesos. Ante estas estimaciones, en tan solo tres años, ha tenido un sobrecosto de 110 mil millones de pesos, es decir, poco más del 90%”, apuntó.
Además, señaló que como resultado de la mala planeación se realizó un cambio de trazo en el tramo Cancún-Playa del Carmen y la cancelación de los trabajos que ya se tenían avanzados dejó 20 mil árboles talados y 478 millones de pesos tirados a la basura.
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“El Gobierno federal pretende imponer a como dé lugar una de sus obras insignias que al igual que el AIFA y la refinería Dos Bocas, son obras que exceden por mucho el presupuesto planteado inicialmente, que se inauguran a medias y que no tienen absolutamente ninguna utilidad pública, al declarar la reanudación de trabajos del tramo cinco como asunto de seguridad nacional”, concluyó.
CSAS