Tras la reanudación de los trabajos del tramo 5 del Tren Maya luego de que el Gobierno federal la catalogó como obra de seguridad nacional, la organización ambientalista Greenpeace reforzará su lucha legal para intentar frenar este proyecto.
La especialista en agricultura y cambio climático de la organización, Viridiana Lázaro, adelantó que buscarán la ampliación del amparo que interpusieron en contra de la obra, pues las condiciones actuales se han modificado.
Explicó que al momento de promover esta acción jurídica no se había entregado la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), ni se había cambiado el estatus de la obra, como se anunció apenas esta semana.
“Nosotras vamos a hacer la ampliación de nuestro amparo porque justamente ya estamos denunciando y apelando al Acuerdo de Escazú con el que tenemos el derecho a la información, y este ahora que es de seguridad nacional, pues si de por si no teníamos acceso a información ahora menos.
“Entonces esa parte la vamos a continuar reforzando más, incluyendo también las violaciones por las manifestaciones de impacto ambiental que se han hecho de manera extemporánea y con violaciones”, señaló Lázaro.
Agregó que la ampliación que harán al amparo también está motivado por el cambio de circunstancias de la obra, al decretarse como asunto de seguridad nacional y porque presentaron, aunque de manera extemporánea, la Manifestación de Impacto Ambiental.
La organización ambientalista, dijo, considera que tienen los suficientes argumentos para denunciar que el Tren Maya está yendo en contra de la ley.
El Acuerdo de Escazú es un mecanismo vinculante regional que obliga a los firmantes a brindar acceso a la información, a la participación pública y a la justicia en asuntos ambientales.
El Gobierno de México lo firmó en septiembre de 2018 y el Senado de la República lo ratificó en noviembre de 2020; entró en vigor para todos los países miembros el 22 de abril de 2021.
La activista insistió en que al menos el tramo 5 del Tren Maya se debe cancelar de manera definitiva y en caso de insistir el Gobierno en realizarlo, tendría que realizar una verdadera consulta a la comunidad que cumpla con el apartado 169 de la Organización Internacional del Trabajo y se presenten los estudios ambientales antes de iniciar trabajos y no después como lo hizo.
LEG