La Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) de América del Norte recibió una petición de seis asociaciones civiles y 19 personas que aseveran que México está incurriendo en omisiones en la aplicación efectiva de la legislación ambiental por cuanto a la evaluación de los impactos asociados al Tramo 5 del Tren Maya.
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La CCA detalló en un comunicado que la solicitud presentada por las asociaciones civiles Moce Yax Cuxtal; Grupo Gema del Mayab; Jaguar Wild Center; Red de Capacitadores Socio Ambientales, Sélvame del Tren, Cenotes Urbanos, la hicieron con apego a las disposiciones previstas en el capítulo 24 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Sostienen que el proyecto no se sometió a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental adecuado, como se requiere para este tipo de desarrollos de infraestructura.
Aseveran que los estudios de suelo y geofísicos son inadecuados porque no consideran la fragilidad del karst y del suelo de la península de Yucatán, lo que resulta en elevados riesgos de hundimiento de la infraestructura, así como de accidentes durante el transporte del combustible.
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La petición también señala las carencias en lo relativo a la evaluación de riesgo de los talleres para la carga de combustible y el mantenimiento, así como la falta de consideración de las especies en peligro de extinción en la zona.
El secretariado de la CCA cuenta con 30 días para examinar la petición y determinar si ésta satisface los requisitos establecidos en el T-MEC.
Bajo el amparo del T-MEC también hay una controversia por la política energética de México y en materia laboral.
ALERTAN DAÑO EN TRAMOS 6 Y 7
En tanto, en conferencia de prensa, activistas en contra del tramo 5 del Tren Maya alertaron que no frenar el avance del tramo 5 abre la puerta para que en el tramo 6 y 7 se construya dentro de las reservas de la biosfera de Calakmul y Sian Ka’an, «lo que traería consecuencias inimaginables».
Explicaron que la afectación en esas zonas protegidas no solo será por el tren, sino también por la presión inmobiliaria que traerá con su operación.
Los ambientalistas, además, presentaron una lista de 15 personas, entre funcionarios, empresarios y legisladores, a quienes les entregarán «la almohada incómoda» como símbolo de su responsabilidad en la devastación de la selva de Quintana Roo, «lo cual debería quitarles el sueño».
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