Ante la poca claridad de la declaración de utilidad pública la ocupación temporal de ocho terrenos de propiedad privada, con una extensión de 165 mil 250.25 metros cuadrados en los municipios de Tulum y Solidaridad es muy probable que se presenten nuevos amparos al proyecto del Tren Maya, ahora de parte de particulares, consideraron legisladores.
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La senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, indicó que deberá ser con un contrato de por medio con los propietarios, como el Gobierno de México pueda ejecutar de inmediato la ocupación temporal.
Lo que procede –explicó– es que el propietario y el Gobierno fijan un precio de renta del terreno “y en un futuro o te lo regreso o lo expropio. Y eso lo hacen por la prisa de que el proceso de expropiación es mucho más largo”.
En ese sentido, manifestó que “el amparo podría ir en ese sentido. Se viola el derecho a la propiedad y a la certeza seguridad jurídica porque la ocupación temporal como está planteada es para siempre, no tiene término y eso es una afectación que puede reclamarse por amparo”.
Asimismo, enfatizó que el presidente Andrés Manuel López Obrador, “tiene un gen autoritario y todo lo que le estorbe para cumplir sus caprichos”.
FALTA PLANEACIÓN, AFIRMAN
En tanto, la diputada federal Melissa Vargas (PRI), comentó que “argumentado que es una obra de seguridad nacional expropian terrenos particulares y además, mandatas a ocuparlos de manera inmediata sin una previa negociación ni indemnización y aunque el decreto señala que se hará, no se establece ni cuándo ni nada”.
Consideró que el Tren Maya carece de planeación y legalidad y “completamente repleto” de demandas de parte de los ambientalistas, de pueblos originarios e incluso de asociaciones particulares y ahora seguramente de personas físicas.
La legisladora apuntó que el trazo original ha tenido siete cambios de ruta y en cada uno ha dejado una estela de destrucción al ambiente e impactos sociales negativos.
LEG