El cerco alrededor del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por parte de las autoridades estadounidenses comienza a cerrarse y podría costarle la posibilidad de competir en las elecciones presidenciales de 2024.
El magnate inmobiliario anunció ayer que agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) entraron y registraron su mansión y club privado de Mar-a-Lago, en algo que llamó una “mala conducta procesal”.
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“(Es) un ataque de los demócratas de izquierda radical que desesperadamente no quieren que me postule a la presidencia en 2024”, afirmó el exmandatario.
Aunque el FBI no confirmó la operación en la propiedad de Trump en Palm Beach, imágenes aéreas dieron fe de la presencia de varios vehículos policiales alrededor de la misma, en donde además se dieron cita varios de sus seguidores para mostrar su apoyo.
Tras la victoria del actual presidente Joe Biden, autoridades en EU comenzaron a indagar al empresario tras una turbulenta entrega de la presidencia, que derivó incluso en el asalto al Capitolio en Washington D.C. por el cual también es investigado.
Pero es una pesquisa en específico la que, de culminar en un proceso judicial, impediría que Trump busque llegar a la Casa Blanca por segunda ocasión.
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En febrero pasado, los Archivos Nacionales y de Administración de Documentos (NARA, por sus siglas en inglés) confirmó al Congreso estadounidense el hallazgo de 15 cajas con documentos en la misma Mar-a-Lago, algunos de los cuales eran textos clasificados, por lo que solicitó al Departamento de Justicia que iniciará una investigación del caso.
Otros testimonios de personal de la Casa Blanca indican haber encontrado trozos de papel que obstruían los inodoros del inmueble, por lo que especulan que Trump intentó deshacerse de documentos, esto según adelantos del libro de la periodista del New York Times, Maggie Haberman.
La Ley de Registros Presidenciales de EU, promulgada en 1978 y creada tras el escándalo Watergate, exige que los presidentes deben preservar los documentos que den registro de las actividades que se realizaron durante su administración, aunque ésta no establece pena alguna en caso de no cumplirse.
No obstante, el Código de los Estados Unidos, específicamente en el Título 18, Sección 2701, indica que quienes “deliberada e ilegalmente oculten, tomen, mutilen (…) o destruyan” registros o cualquier tipo de documento oficial podrían ser multados, cumplir una pena de 3 años de prisión o, aún más relevante para Trump, ser inhabilitado para tener un cargo público en ese país.
En tanto el expresidente aún no confirma su intención de competir y las encuestas marcan un panorama poco alentador para los demócratas, la investigación que podría impedir el regreso del polémico personaje a la Casa Blanca continúa.
LEG