En lo que va del año, los feminicidios de Debanhi Escobar, Yolanda Martínez y Luz Raquel Padilla, en Nuevo León y Jalisco, respectivamente, han captado la atención de los medios de comunicación y de la sociedad, a lo que las Fiscalías estatales han respondido “rápidamente” con dictámenes que revictimizan y señalan presuntos suicidios, para después rectificar sus tesis por diversas imprecisiones en las indagatorias.
Lo anterior, como resultado de la corrupción y descomposición del sistema penal judicial -ministerios públicos y jueces- así como el tráfico de influencias, afirmó la doctora en Derecho, Paola Nava.
Al primer semestre de 2022, suman 479 feminicidios a nivel nacional, de los cuales 58 se reportaron en Nuevo León y 17 en Jalisco, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En una entrevista con 24 HORAS, la integrante de la colectiva Asesoría Legal Feminista dijo que es una práctica que se realiza desde hace mucho y que va en aumento. “La corrupción siempre ha existido y además hay que decir que es el peor cáncer que tiene México”.
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“Puedes cambiar de un momento a otro la tipificación de un delito y cuando éste sea el tema, definitivamente hay que cuestionar los dictámenes periciales y, una vez que los cuestionas, pedir un segundo o hasta un tercer dictamen pericial”, informó Nava.
A su vez, la especialista en Derecho penal, Leslie Juárez Urzúa, explicó que este tipo de casos se da sobre todo en muertes violentas; sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminó que en esas hipótesis se debe indagar con perspectiva de género.
FILTRACIÓN Y EXPOSICIÓN DE PRUEBAS
La exposición pública y filtración de pruebas se dio en los tres casos, lo que implica revictimización y violación del debido proceso para desvincular los hechos violentos y redirigir la responsabilidad hacia las afectadas, indicó Juárez Urzúa.
“Si tú como autoridad alimentas que no tiene nada de malo decir que una mujer se cayó o que se suicidó, porque así son las mujeres, eso es construir estos estereotipos de género”, declaró a este diario.
En su momento, la Fiscalía de NL indicó que Debanhi murió al caer en una cisterna del motel Nueva Castilla, mientras que en el caso de Yolanda deslizó que se trataría de un suicidio.
En el caso Luz Raquel , las autoridades judiciales de Jalisco investigan si ella misma se prendió fuego, lo que le quitó la vida el pasado 20 de julio.
El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres en Jalisco evidenció, en días pasados, que los videos que presentó la Fiscalía estatal sobre el caso de Luz Raquel no tenían una investigación científica.
Si bien es obligación de las autoridades ser transparentes en sus indagatorias, presentar grabaciones en los casos Debanhi y Luz, así como las fotografías de Yolanda, no debió ocurrir, remarcó Juárez Urzúa.
Ambas expertas coinciden en que las familias podrían presentar una queja interponer una demanda civil por daño moral.
PROCESO PENAL
Posibles razones por las que se dan errores en la clasificación del delito:
1. Probablemente se sabe quién es el que cometió el delito y ya hay corrupción de por medio para ocultarlo
2. La posible presión de los medios de comunicación podría ser tal que deciden darle carpetazo
3. El caso se vuelve muy mediático y “esto puede ser a favor o en contra (…): o le dan seguimiento puntual o para acallar voces se da una resolución, sin mucha investigación”
FUENTE: Paola Nava, doctora en Derecho
CITAS
(Para callar a los medios) dicen una versión sin realmente haber sido investigada o, bien, agarran al primer ‘mono’ que se les cruza y dicen que ya lo resolvieron”
Paola Nava
Integrante de la Colectiva Asesoría Legal Feminista
Estos videos lo que generan es un sesgo y un cambio de convicción(…) van desvinculando el hecho violento hacia una responsabilidad de las víctimas”
Leslie Jiménez Urzúa
Abogada y especialista en Derecho Penal
Nunca creímos que Fer se quitó la vida: Magda
Por: Valeria Chaparro
Magdalena Velarde tardó cuatro años para que las autoridades reconocieran que su hija, Fernanda Sánchez, no se suicidó, sino que fue víctima de feminicidio. La mujer, quien ahora participa en marchas para demandar justicia en éste y otros crímenes, contó a este diario que el caso de Fer tuvo irregularidades.
El 4 de enero de 2014 las autoridades le informaron que la joven de 18 años -quien estaba embarazada de su segundo hijo- había muerto en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.
“Ese día salió como homicidio, después me dicen que fue suicidio(…) aunque me lo dijo la perito, yo le dije que no creíamos”, recordó Velarde.
Convencida de que su hija no se había quitado la vida, la mujer buscó justicia y en 2018 acudió a la Agencia Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género de Tlalnepantla, donde la fiscal, Irma Millán, reclasificó el caso a feminicidio.
“Fueron muchísimas cosas las que yo hice(…) recibí amenazas de la familia de él, de que iban a mandar a matar a mis hijos y del MP Belmont, de la carpeta de mi hija”.
Pasaron tres años más –en los que los otros dos hijos de Magdalena fueron asesinados– para que la expareja de Fer y otro implicado fueran detenidos.
El pasado 8 de agosto, tras más de 30 audiencias, el juez sentenció a 69 años y tres meses de prisión a Led N, por feminicidio y aborto.
LEG