La inseguridad que se vive en México cuesta el equivalente al 1% del PIB, según estimaciones del presidente Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora Icaza.
“Con respecto a las cifras de inseguridad, se ha estimado que lo que nos está costando es alrededor de 1% de nuestro Producto Interno Bruto, lo cual significa un costo alto para la economía mexicana que se refleja que no haya las inversiones, que no haya los empleos para la gran mayoría de los mexicanos que lo están buscando”, declaró en un evento.
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Agregó que la inseguridad merma la reactivación económica, ya que ahuyenta o reduce las posibles inversiones, inhibe el consumo, daña la creación de más empleos y encarece mercancías cuando las cadenas de proveeduría son intervenidas.
La semana pasada se vivió una ola de violencia en Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Baja California y Chihuahua, en donde se reportaron quema de vehículos de trasporte público y particulares, bloqueos en carreteras y ataques en comercios.
Recordó que de acuerdo a una encuesta a empresas afiliadas, una de cada dos reportaron haber sido víctimas de algún delito en los últimos 12 meses, entre los que destacó el robo de mercancías y de vehículos, así como la extorsión, que incluye el cobro de piso.
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Durante 2020, la inseguridad y la delincuencia costaron 277.6 mil millones de pesos en pérdidas económicas a las víctimas de algún delito. El monto total fue equivalente al 1.85% del PIB, según datos del Inegi. En 2019, la pérdida monetaria de las empresas ascendió a 225.9 mil millones de pesos, es decir, 1.2% del PIB. Mientras que el gasto en medidas preventivas se ubicó en 132.7 mil millones de pesos.
Ante estos hechos delictivos, las empresas efectúan una evaluación en el costo-beneficio de sus inversiones y si los costos de operación destinados a seguridad incrementan de manera considerable, puede haber un efecto negativo para nuevas posibles inversiones, de acuerdo con Artemisa Montes, especialista en Economía de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle.
Si bien no se trata de cerrar inversiones en donde ya están instaladas las empresas, una de las estrategias implicaría disminuir la cobertura de flotillas de distribución de mercancías en localidades en las que hayan aumentado los atracos a empresas, consideró.
Además de la pérdida de empleos, también implicaría una reducción en la competitividad en los mercados donde ya no hagan llegar sus mercancías.
“Hay un costo para el consumidor porque va a empezar a ver cómo se reduce la oferta de ciertos productos porque las empresas van a tratar de minimizar su exposición al riesgo”, acotó.
“La violencia siempre es muy mala noticia, pero en una coyuntura económica como la que estamos sufriendo es mucho peor porque apenas estábamos recuperando los empleos, la inversión (…), sí se estaba dando una recuperación y se empezó a frenar por la inflación que está afectando mucho al mercado y ahora le ponemos un costo adicional de la inseguridad, esas son malas noticias para la recuperación en términos generales en el país”, opinó.
LEG