El Instituto Nacional Electoral (INE) solicitará a la Cámara de Diputados un presupuesto de 14 mil 439 millones de pesos para 2023, el cual incluye su gasto de operación, la organización de las elecciones de gobernador del Estado de México y Coahuila, así como los preparativos de los comicios presidenciales de 2024.
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Dicho anteproyecto será sometido a votación del Consejo General y, en caso de aprobarse, se enviará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que lo anexe a la propuesta del Presupuesto de Egresos de la Federación.
La consejera Beatriz Zavala, titular de la Comisión Temporal de Presupuesto, detalló que la propuesta se divide en 11 mil 769 millones de pesos en gasto corriente y 2 mil 669 millones de pesos para la cartera de proyectos.
Por otra parte, el consejero Ciro Murayama dijo que la Cámara de Diputados ya no podrá recortar el gasto del INE “a ciegas, superficial, capricho o por consigna”, pues existe un fallo de la SCJN, en el que se indica que deben analizar de forma técnica una posible baja en el gasto electoral.
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De acuerdo con el proyecto de gasto, entre los rubros están 3 mil 896 millones de pesos para la expedición de la credencial para votar con fotografía, siendo la parte que utilizará más recursos; y para organizar los procesos electorales de 2023, prevén mil 804 millones de pesos.
El presupuesto operativo del INE se suma a los 6 mil 233 millones de pesos que se incluirán como parte del financiamiento electoral, por lo que el presupuesto para todo el sistema electoral alcanzará casi los 21 mil millones de pesos.
RECHAZAN DESAPARICIÓN DE TRIBUNALES ELECTORALES LOCALES
El magistrado de la Sala Superior, Felipe de la Mata Pizaña, aseveró que nadie debe poner en duda que en la actualidad la justicia electoral de México funciona y goza de cabal salud, por lo que resulta equivocado pretender desaparecer la justicia electoral local.
Al inaugurar el Congreso de Magistradas y Magistrados Electorales, enfatizó que intentar eliminar lo que sí funciona, es transitar por un camino equivocado.
En tanto, Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado presidente, resaltó que cuando se desacatan las sentencias de los tribunales y no se reconocen los mandatos constitucionales, el riesgo es abonar al desencanto generalizado que existe sobre la democracia.
LEG