Tres coincidencias entre el informe presentado ayer por la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa y la “verdad histórica’’ del exprocurador Jesús Murillo Karam:

Los estudiantes están muertos y sus cuerpos desaparecidos, nunca estuvieron juntos los 43 -fueron separados y asesinados-, sí hubo participación de algunos militares del 27 Batallón de Infantería, pero no fue una acción concertada de las Fuerzas Armadas.

Es decir, que, en lo fundamental, con la excepción de que la Comisión actual no encontró pruebas de que los estudiantes de la normal Isidro Burgos hayan sido incinerados en el basurero de Cocula, como afirmó Murillo Karam, las versiones son coincidentes.

No hay indicios de que estén vivos, no se han encontrado sus restos y en su desaparición participaron policías municipales, estatales y algunos miembros del Ejército, ya oficialmente reconocido.

Fue el Estado, la conclusión.

Si bien en el Gobierno de Peña Nieto se blindó al Ejército para que no fuera involucrado en este tema, la Comisión creada en este sexenio determinó que sí tuvo participación, aunque cuidó de que no se interpretara como una acción concertada de las Fuerzas Armadas, sino de casos aislados de militares coludidos con el grupo responsable de la desaparición, Guerreros Unidos.

Ya hay un detenido, el capitán segundo de Infantería, José Martínez Crespo, detenido el 12 de noviembre de 2020, acusado de delincuencia organizada, homicidio y desaparición forzada.

Martínez Crespo no era el responsable del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, que la noche del 26 de septiembre de 2014, de acuerdo con el informe presentado ayer, “pudo salvar a los 43 y no lo hizo’’.

Tal afirmación se desprende del hecho de que, como también se reveló en la versión de la cuestionada “verdad histórica’’, el Ejército tenía un soldado infiltrado en el grupo de normalistas, de nombre Julio César López, que también desapareció en los hechos del 26 de septiembre.

El informe recrimina el hecho de que el Ejército -ya sea el batallón a cargo del coronel José Rodríguez Pérez o el general entonces a cargo de la 35 Zona Militar, con sede en Chilpancingo, Alejandro Saavedra Hernández-, no buscó al elemento infiltrado y al no hacerlo, “al no aplicar protocolos’’, se impidió localizar a los 43 normalistas.

¿Quién tendría que haber dado la orden de buscar al soldado López y no lo hizo? ¿Y por qué no lo hizo, si esa era la clave para encontrar, vivos o no, a los 43 normalistas?

El informe apunta al teniente Marcos Macías Barbosa, quien era el supervisor de las actividades del soldado infiltrado.

Esa es la parte novedosa del informe.

Lamentablemente, parece ser que en esta administración tampoco se logrará conocer el paradero de los cuerpos de los normalistas, por más intentos serios que se realicen.

Es la nueva verdad.

La que ya imaginábamos.

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Todo parece indicar que el presidente de la mesa directiva del Senado será el poblano Alejandro Armenta, si es que las negociaciones de Ricardo Monreal prosperaron estos días.

A menos, claro, que se pretenda blindar a José Narro, para que no sea molestado por la investigación que se hace sobre la desaparición de dos marinos que le fueron “prestados’’ como guardaespaldas y cumplen ya casi seis meses sin conocerse su paradero.

Si Narro consigue la presidencia del Senado, créalo que no será por decisión de Monreal.

LEG