El Gobierno federal tiene no solo la oportunidad sino la obligación de demostrar que la detención del exprocurador Jesús Murillo Karam no se trató de un asunto político, sino estrictamente de aplicación de la justicia.
La llave para demostrarlo es ejerciendo las órdenes de aprehensión que deben tener en contra de los mandos militares que, de acuerdo con la narrativa del subsecretario de Derechos Humanos de la secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, participaron por obra u omisión en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Murillo Karam fue detenido el viernes, horas después de que Encinas presentara la verdad histórica de la 4T, que en esencia coincide con la de Murillo: los estudiantes fueron levantados por policías y probablemente militares, entregados a un grupo criminal y después asesinados.
Sus cuerpos no han sido localizados, pese a la promesa presidencial.
Las acusaciones contra Murillo Karam van desde tortura a seis detenidos por ese caso hasta haber complotado, en una reunión, un mes después de los hechos, para “acomodar’’ los hechos que soportaran la tan cuestionada verdad histórica del peñismo.
Pero en las acusaciones hechas por Encinas el jueves por la tarde, se reconoce la participación de personal militar del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, que en ese entonces estaba a cargo del coronel José Rodríguez Pérez.
No se le menciona por su nombre, como tampoco se menciona el del general responsable de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, Alejandro Saavedra Hernández, quien dos meses después de los hechos del 26 de septiembre del 2014, fue nombrado comandante de la IX Región Militar en Guerrero.
Saavedra fue ascendido después a jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, después a Inspector General y Contralor de la Secretaría de la Defensa y luego como director del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas (ISSFAM).
Incluso formó parte de la terna para que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, eligiera al nuevo secretario de la Defensa Nacional; el mandatario se decidió por Luis Cresencio Sandoval.
Se sabe que existen varias decenas de órdenes de aprehensión por cumplir, derivadas del informe sobre la verdad histórica de la 4T, pero no se sabe cuántas de éstas son en contra de militares y sus rangos.
Sería imposible que, luego de que se reconociera la participación de personal militar en los hechos, no se le pudiera siquiera llamar a declarar.
Por lo pronto la captura de Murillo Karam dejó “la víbora chillando’’ y solo falta conocer al resto de los señalados para saber bien a bien, si se trata de encontrar justicia o afianzar a un partido político.
****
Caliente se puso la negociación de la alianza opositora en el estado de México, luego de que el panista Enrique Vargas, solicitara “reglas claras’’ para concretar la sociedad.
El panismo organizó un evento para respaldar a Vargas, al que acudieron los gobernadores de Yucatán, Guanajuato y Querétaro, así como el dirigente nacional Marko Cortés y, a través de un video, el expresidente Vicente Fox.
Vargas sabe, al igual que tooodos los dirigentes panistas, que si hubiera alianza, la candidata será mujer pues en Coahuila está decidido que el candidato opositor será Manolo Jiménez, a quien los blanquiazules le reconocen amplias posibilidades de ganar.
Así que, en el Edomex, por cuestión de género, será candidata, si se concreta la alianza.
Si no es así, cada partido podrá proponer a quien mejor le convenga…al fin que sin alianza van a perder.
LEG