La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá el próximo jueves dos proyectos que proponen declarar inconstitucional la prisión preventiva en el país.
En el asunto 355/2021, la ministra Norma Lucía Piña propone declarar inconstitucional la prisión preventiva oficiosa y conceder un amparo a Brandon Alexis Flores Ramírez, hermano del líder de la Unión Tepito y quien ya fue sentenciado.
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“Este pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el párrafo tercero del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales resulta inconstitucional (…) ha determinado inaplicar en este caso por afectar desproporcionadamente a los derechos a la libertad personal y presunción de inocencia”, indica el proyecto de sentencia.
A su vez, la Suprema Corte agendó para su sesión del próximo jueves el debate de la acción de inconstitucionalidad 130/2019, en la que el ministro Luis María Aguilar propone declarar inconvencional la prisión preventiva oficiosa por contravenir los principios constitucionales que rigen esta figura, así como la presunción de inocencia y el principio de proporcionalidad.
En el caso de avalarse la propuesta de sentencia con ocho votos o más de los ministros de la SCJN, se alcanzaría la mayoría calificada para que se deje de aplicar el encarcelamiento preventivo a sospechosos de crímenes, lo que podría dejar a miles de personas en libertad automática, debido a que existen un catálogo de delitos en los que su aplicación sería inconstitucional.
Sin embargo, en el país persistirá la medida de prisión preventiva justificada, la cual se otorga cuando hay evidencias de que el imputado puede darse a la fuga durante el proceso o porque hay una conducta que represente un riesgo social.
Como ejemplo, el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, se mantiene en prisión preventiva justificada; Rosario Robles, extitular de Sedesol, estuvo en la modalidad oficiosa tres años, y este miércoles un juez decidirá si el exprocurador Jesús Murillo Karam debe quedar en la cárcel de forma justificada, como lo solicitó la Fiscalía General de la República (FGR).
LEG