Tras pedir que se respete el Estado de Derecho, la oposición acusó al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, de lucrar políticamente con el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y de expiar en Jesús Murillo Karam, ex procurador general de la República, sus culpas por la colusión que aseguró, había entre el gobierno de Iguala y el crimen organizado; por lo que rechazaron la versión de crimen de Estado.
“Rechazamos por lo demás la narrativa de crimen de Estado, es la construcción falaz de una imputación, de una inducción al imaginario colectivo. Hay que distinguir entre los hechos: un grupo de jóvenes que fue privado de su libertad y eventualmente de su vida por grupos de delincuencia organizada de otra circunstancia”, argumentó en tribuna la senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu Salinas.
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El también priista, el diputado José Yunes Zorrilla, afirmó que este tema es tan vil que puede utilizarse políticamente, para tratar de cambiar versiones, posicionar y legitimar a un gobierno.
“No importa lo que fue, lo que realmente sucedió, ni quién lo hizo, importa quién puede expiar esa culpa y con cargo a esa libertad, a su presunción de inocencia y a su figura, tratar como coloquialmente se dice en los ámbitos judiciales de dar carpetazo a un hecho que nos debe motivar a seguir trabajando porque nos lastima a todos”, acusó.
Mientras que el senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza, afirmó que la presentación del informe sobre Ayotzinapa que dio a conocer el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, fue una buena demostración de por qué una Comisión de la Verdad no debe ser gubernamental.
“Lo que vimos en esencia es el montaje de una construcción de una nueva verdad oficial. No es verosímil, si hay un crimen de Estado, por supuesto, que se tiene que llegar a la responsabilidad que refiere a la participación de las Fuerzas Armadas, con la evidencia cierta que hoy el secretario de Marina estuvo enterado”, declaró.
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En respuesta, los legisladores de Morena y sus aliados demandaron fincar responsabilidades penales al expresidente Enrique Peña Nieto, al ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y si es el caso al almirante y actual secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán.
El petista, Gerardo Fernández Noroña, pidió fincarle cargos penales al expresidente Enrique Peña Nieto; al exsecretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, y al actual secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda, por la desaparición de los normalistas, ocurrida el 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.
Y la morenista, Imelda Castro, defendió el informe que calificó de “completo”, pues asegura explica minuto a minuto lo qué sucedió con este crimen de Estado.