Con el objetivo de que los servicios de seguridad en en el país cuenten con un alto estándar de calidad que ofrecer a la ciudadanía, las Agrupaciones de Seguridad Unidas por México (ASUME), solicitaron al Congreso de la Unión, tratar como prioridad, en el periodo ordinario, la Ley General de Seguridad Privada.
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La iniciativa contempla facilitar los procesos para una mejor colaboración entre autoridades federales, estatales y municipales; simplificación de trámites a través de medios tecnológicos, además de contar con un registro a nivel nacional, retroalimentado en coordinación y coadyuvancia de las entidades federativas para llevar un control.
A través de una carta pública, ASUME, que aglutina 32 asociaciones de empresarios de seguridad privada en el país, liderada por Armando Zúñiga Salinas, explicó que “la Ley General de Seguridad Privada pretende también garantizar un estándar de calidad para mayor seguridad de los ciudadanos y las empresas que hacen uso de estos”.
Respecto a la ley y con ese objetivo, Zúñiga Salinas solicitó “de la manera más atenta y respetuosa (que) la expedición del marco legislativo y en su momento pueda ser considerado dentro de los tópicos trascendentales en el ejercicio del periodo parlamentario que inicia este 1 de septiembre durante la continuación de la LXV Legislatura actual”.
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Otros de los beneficios de la propuesta de ley son: regular los servicios de la seguridad privada; establecer los esquemas de coordinación y corresponsabilidad entre las autoridades, y normar la colaboración de los prestadores como auxiliares de la seguridad pública.
También contempla establecer las figuras jurídicas necesarias que eviten una sobreregulación y discrepancia en la aplicación de la normatividad del sector y determinar una Autoridad Nacional que diseñará, organizará y aplicará los instrumentos en la materia.
Preocupación por incumplimiento obligatorio de seguridad
La misiva firmada por 32 principales asociaciones de empresarios de la Seguridad Privada en el país, fue enviada a los integrantes de la Junta de Coordinación Política y presidentes de las Comisiones de Seguridad de ambas Cámaras -diputados y senadores-, así como a los presidentes de las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión.
En el documento, Zúñiga Salinas expresó la preocupación del sector ante el incumplimiento del régimen transitorio que establece la obligación para expedir la Ley General en Materia de Seguridad Privada a que hace referencia el Artículo 73, fracción XXIII Bis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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El ejercicio parlamentario realizado en la anterior legislatura resultó en la publicación de la reforma constitucional en materia de seguridad privada, en mayo de 2021.
En ese momento, la reforma estableció la obligación legislativa de aprobar una Ley General en un plazo máximo de seis meses, para que la Federación y las Entidades Federativas contarán con una articulación y coordinación eficiente con el sector en todo el territorio Nacional.
CSAS