Mientras que el Gobierno federal presiona a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para mantener la figura de prisión preventiva oficiosa, legisladores y especialistas coincidieron en que ésta viola las libertades y derechos de las personas.
Ayer, en una carta firmada por el titular de Gobernación, Adán Augusto López, y la consejera jurídica, María Estela Ríos González, pidió que dicha figura no sea eliminada por considerarla fundamental en la estrategia de seguridad.
El Gobierno de México indica que debe prevalecer “para asegurar que los presuntos criminales a quienes se les detiene por delincuencia organizada, delitos graves del orden común o delitos de cuello blanco, no se sustraigan de la acción de la justicia durante el proceso penal”.
Señala que para las fuerzas de seguridad la detención de presuntos integrantes de la delincuencia representa “un gran esfuerzo del Estado en recursos, inteligencia y despliegue”.
Según el posicionamiento del Gobierno federal, la prisión preventiva oficiosa evita que los detenidos “atenten contra la integridad de las víctimas, amenacen o atenten contra testigos, sigan cometiendo delitos y dirigiendo actividades criminales que afectan a la sociedad”.
Abunda que “dejar en manos de los jueces la decisión de aplicar prisión preventiva oficiosa generaría una presión adicional sobre los impartidores de justicia, exponiéndolos a la corrupción y a la violencia por el tipo de delitos que implica esta figura”.
Además, ayer, durante su conferencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la propuesta de eliminar la prisión preventiva oficiosa, la cual se discutirá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los próximos días.
“La esencia del asunto, la esencia es que se busca impunidad y corrupción (…) que no se utilice para liberar a diestra y siniestra”, dijo.
La SCJN tiene agendada la discusión de dos proyectos en los que se plantea declarar inconstitucional la prisión preventiva oficiosa en el país. En septiembre de 2021, López Obrador informó que de las más de 220 mil personas que había en esa fecha en las cárceles, 43% no tenía sentencia.
Al respecto, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, se dijo preocupada porque “eso implicará mayor impunidad, mayor riesgo, no solamente para las mujeres sino en general para los habitantes de la ciudad y además el riesgo de la impunidad frente a la corrupción”.
CRITICAN USO EXCESIVO
Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), detalló a 24 HORAS que la prisión preventiva oficiosa se ha utilizado en México, primero para detener y luego investigar.
“El que hoy se discuta su validez obliga eventualmente a que el Ministerio Público genere una investigación mucho más profunda alrededor de los delitos y llegue a una solicitud cuando la prisión preventiva sea justificada; es decir, ya que se sabe si efectivamente la persona investigada cumple con los criterios, que pueden ser la posible fuga o que tenga condiciones que se pueda juzgar”, explicó.
En ese sentido, indicó que la eliminación de la figura tendría que estar acompañada de capacitación para los ministerios públicos. “Si hay una adecuada justificación y construcción del caso no se requeriría de nuevo la prisión preventiva oficiosa, sino simple y sencillamente se podría demostrar la peligrosidad del sujeto y por lo tanto, solicitar medidas cautelares”, detalló.
Mientras que la investigadora del CIDE, Ximena Medellín, señaló en su cuenta de Twitter que “la prisión preventiva oficiosa es una aberración del sistema jurídico mexicano. No hay tintes, tonos grises ni matices.
Pensar que su eliminación es fomentar la impunidad o la corrupción es simplemente no entender ni el problema jurídico ni, mucho menos, la realidad”.
La senadora del PAN, Kenia López, recordó que los organismos protectores de Derechos Humanos a nivel nacional e internacional han reclamado la existencia de esta figura; y confió en que el máximo tribunal del país privilegie los derechos humanos, la presunción de inocencia y que quienes estén sujetos en un proceso, no necesariamente estén en la cárcel y después averigüen.
Entrega Rosario Robles su pasaporte
Por: Redacción
La exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) a entregar su pasaporte y a firmar, como deberá hacerlo cada 15 días, debido a que forma parte delas medidas cautelares que tiene para enfrentar su proceso en libertad.
Acompañada de su abogado Antonio Magaña, la exfuncionaria dijo “entregué el pasaporte y firmé tal y como lo instruyó el juez, y cumpliendo como lo dije desde el primer día, yo estoy dispuesta a cumplir ante cualquier autoridad lo que mandate, porque el que nada debe, nada teme y yo soy inocente”.
Robles está acusada de ejercicio indebido del servicio público en su modalidad de omisión cuando fue secretaria de Desarrollo Urbano y de Desarrollo Social en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
LEG