El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, insistió en que la investigación que esta administración hace sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa llegó a conclusiones diferentes a las alcanzadas en la llamada “verdad histórica” del Gobierno anterior.
El funcionario presentó una síntesis de la investigación durante la conferencia matutina y reiteró que las conclusiones en la investigación pasada se sustentó en las declaraciones obtenidas mediante tortura a las personas detenidas, en la fabricación de pruebas y a la manipulación de la escena del crimen; mientras que “nosotros no torturamos absolutamente a nadie”.
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Sostuvo que la llamada “verdad histórica” de la administración peñista fue un montaje para ocultar los hechos.
“El análisis que hemos realizado se sustenta en 87 millones de registros telefónicos que fueron depurados para ubicar 84 mil registros telefónicos claves, 17 mil números telefónicos que han sido analizados rigurosamente a lo largo de los últimos dos años que nos permitió hacer un mapeo y geolocalización de 116 números telefónicos y al mismo tiempo complementar esta información con los 41 mil 168 documentos que fueron aportados por la administración pública federal y otros órganos autónomos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”, precisó.
Recomendó a quienes han criticado los resultados obtenidos y argumentan que son equiparables a los encontrados en el sexenio pasado, que lean la investigación y los anexos de ésta.
Agregó que toda la información es pública y pueden ser consultado a través del portal de la Secretaría de Gobernación de la Comisión por la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa y en las páginas del Gobierno Federal.
Encinas reiteró que en gobierno de Peña Nieto hubo participación de las autoridades de los distintos órdenes de Gobierno para encubrir hechos, mientras que el informe presentado por él es resultado de un proceso de investigación técnico y científico para dar con la verdad.
Dijo que la información está sustentada en los testimonios y colaboración de 115 personas que conocen y estuvieron involucradas en los hechos.
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Además, descartó que la investigación sea una posición política del Gobierno para perseguir a sus opositores, aunque reconoció que sí hay un contenido político “pues esclarecer un crimen de estado, además de ser una responsabilidad del Gobierno, es un asunto que se ha encarado con convicción y con voluntad política para ir al fondo de los hechos”.
Afirmó que Guerreros Unidos en coordinación y complicidad con autoridades y fuerzas de seguridad del estado municipal y federal ultimaron y desaparecieron a los estudiantes de la normal.
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— Alejandro Encinas (@A_Encinas_R) August 26, 2022
CSAS