El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que la refinería ubicada en Dos Bocas, Tabasco, costó más de lo proyectado, pero descartó sanciones a los funcionarios que hicieron los cálculos iniciales.
Ayer en conferencia de prensa, el mandatario justificó que el aumento al presupuesto de la refinería Olmeca fue “porque no se contemplaron originalmente equipos que se necesitan”, como un gasoducto. Sin embargo, indicó que “de todas maneras salió más barata que como estimaban cobrarla empresas extranjeras”.
“Hubo un incremento en el caso de la refinería porque no se contemplaron originalmente equipos que se necesitan y se amplió el presupuesto, pero deben estar ustedes tranquilos, y desde luego toda la población, de que nadie hizo negocio para provecho personal en la construcción de la refinería, no hay corrupción, ya no es el tiempo de antes, Rocío Nahle (titular de Energía) es una mujer honesta”, aseguró.
Este diario publicó en su edición de ayer que el Presidente incumplió su promesa de no exceder el presupuesto en las obras de infraestructura, como ocurrió con la construcción de Olmeca, cuyo presupuesto aumentó 228.2% respecto al gasto originalmente planeado, con un incremento de 368 mil 428 millones de pesos.
Pese a ello, el presidente dijo sentirse “muy contento” con la refinería, pues sin destacar una fecha concreta, informó que se van a procesar 340 mil barriles diarios de petróleo crudo; y resaltó que no se hacía una refinería desde hace más de 40 años.
Cuestionado sobre si existirían sanciones para los funcionarios que originalmente calcularon los costos, el Presidente lo descartó y sostuvo que “la gran diferencia con gobiernos neoliberales es que no se acepta la corrupción en este Gobierno”.
“¿No se estima sanciones para los funcionarios que hicieron el costo inicial?”, se le cuestionó.
“No, no porque costó lo que se estimó para el número de plantas originales. Lo que sucede es que no estaba incluido el gasoducto y eso se incluyó y se ha aclarado perfectamente, pero va estar muy difícil que lo acepten, porque no es el propósito, pues de informarse sobre el costo,no, es golpear, nada más que no van a poder porque no somos lo mismo, no somos ladrones”.
24 HORAS indicó que los proyectos insignia de la autoproclamada cuarta transformación han disparado sus recursos y enfrentado obstáculos en su construcción y funcionamiento.
Asimismo, destacó que el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), durante la presentación del Índice de Riesgos de Corrupción, aseveró que, en las megaobras y otros proyectos, el Gobierno federal ha gastado más de 9 mil millones de pesos sin licitación, con proveedores riesgosos, posibles empresas fantasma, sancionadas o de reciente creación.
Sobre eso, el mandatario comentó que “es politiquería. Y es lo mismo, esas organizaciones eran alcahuetes de los corruptos que dominaban México y ahora ya no reciben moches”.
DESDE EL INICIO SE SUBESTIMARON COSTOS: IMCO
Al respecto, Jesús Carrillo, director de Economía sostenible del IMCO, destacó que aún falta la planta de generación en la refinería Olmeca, equipo indispensable para que ésta funcione.
“Llama la atención que ahora se reconozca y se diga que no se tenían contemplado; sin embargo, desde diciembre de 2018 se había dicho que iba a costar 8 mil millones de dólares.
“Lo que estamos viendo es que esas empresas (que se retiraron del proceso para la construcción) tenían razón y el Gobierno estaba, yo no sé si deliberadamente o no, subestimando los costos”, manifestó en una entrevista con este diario.
Carrillo calificó como una mala decisión haber encargado a la Secretaría de Energía el proyecto y no a empresas que se dedican a la construcción de refinerías.
En ese sentido, dijo que se debe esclarecer quién hizo las estimaciones iniciales y saber porqué no se incluyeron estos equipos que no se habían supuestamente incluido en el costo, y quiénes están tomando las decisiones de incrementar esos montos.
Corte da ultimátum para formalizar estatus de Tren Maya
Por: Elisa Rodríguez
El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Luis González Alcántara Carrancá, dio un plazo de tres días hábiles a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República para informar sobre la figura de Seguridad Nacional bajo la fue catalogado el Tren Maya.
“Informe a este Alto Tribunal, si alguna de las autoridades que integran ese poder o, en su caso, el Consejo de Seguridad Nacional, han emitido acuerdo o determinación oficial, en la que se haya catalogado como de seguridad nacional la construcción del Tren Maya, y en su caso, remita copia certificada de dicha documental”, se señala.
Esto para tramitar un recurso promovido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
A finales de 2021, el organismo promovió la controversia constitucional 217/2021, en contra del acuerdo presidencial que clasificó como asuntos de seguridad nacional los proyectos de infraestructura prioritarios, con la finalidad de abreviar los trámites para su ejecución.
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