Pese a no tener la facultad, los diputados salientes de la XVI Legislatura del Congreso de Quintana Roo gastaron durante el segundo trimestre del año 30.8 millones de pesos en ayudas sociales, que representan 22.1% del gasto total.
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Aunque se han comprobado erogaciones irregulares por dicho concepto, ejercicios muy por arriba de lo aprobado, opacidad y discreción en el manejo de la bolsa, y a pesar de las denuncias penales por peculado, de abril a junio, periodo de elecciones locales, se gastaron 30 millones 839 mil 007 pesos para el reparto de apoyos.
El principal problema, explica Mariana Belló, integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción Estatal, es que el otorgamiento de “ayudas” perjudica la buena administración de los recursos públicos, la transparencia y ese gasto -que se pone a disposición de cada uno de los integrantes de la legislatura para que estos decidan unilateralmente su destino y sus posibles beneficiarios- es ajeno, excede y contrario a las funciones constitucionales del Poder Legislativo estatal.
Y es que en ninguna de las 55 fracciones del artículo 75 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, mediante el cual se establecen las facultades del legislativo, se encuentra la atribución para otorgar “ayudas sociales” directas a la población o, en este caso, a los diputados locales.
Se trata de una situación de autoasignación de funciones administrativas, lo cual viola la división de poderes, contraría a la Constitución y, además, viola al menos un derecho humano y tres constitucionales, manifestó.
LEG