Los centros, programas, clínicas y observatorios del Sistema Universitario Jesuita instaron a la Cámara de Senadores a rechazar, por inconstitucional y contraria a tratados de derechos humanos ratificados por México, la minuta que se les remitirá para reformar diversas leyes con las que se incorpora la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).
A través de un pronunciamiento que subieron a la cuenta de Twitter @IBERO_mx, pidieron también a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva a la brevedad los recursos jurídicos que tiene pendientes respecto de este tema, “y que servirán como un auténtico contrapeso al poder público”.
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El Sistema Universitario Jesuita también recordó que en sus recientes Jornadas por la Paz en México, llamó a revisar la política de seguridad desde un enfoque civil y con el pleno respecto a las leyes y los derechos humanos.
El sábado por la mañana la Cámara de Diputados aprobó diversas reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; a la Ley de la Guardia Nacional; a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aéreas Mexicanos, y a la Ley del Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en un proceso acelerado impulsado por el bloque oficialista (Morena-PT-PVEM) en el que se le exentaron todos los trámites y pasó directo al Pleno.
Los jesuitas lamentaron la rápida aprobación de la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal y reiteraron su preocupación por estas reformas que consideran contrarias a la Constitución “y a diversos llamados internacionales que se le han hecho a México para desmilitarizar la seguridad pública”.
“Entre otras, nos preocupa que la propuesta le da a la Sedena el control administrativo, operativo y organizativo de la Guardia Nacional, mientras que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se encargaría de la elaboración dela Estrategia Nacional de Seguridad Pública, lo cual es confuso porque su operación dependería de la Sedena.
“La iniciativa obliga a la SSPC a transferir a la Sedena, dentro de un plazo de sesenta días naturales, los recursos presupuestarios y financieros que correspondan para cubrir erogaciones por concepto de servicios personales y gastos de operación de la Guardia Nacional, así como los recursos materiales destinados a su operación”, señala el documento presentado por los jesuitas.
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Finalmente, expusieron que la pretendida capacitación en derechos humanos que recibirán integrantes de la Guardia Nacional, así como el fuero militar del que gozarán es contario a las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en los casos Radilla Pacheco; Inés Fernández y Otros; Valentina Rosendo y Otros, y Alvarado Espinoza y Otros.
#Comunicado. Los centros, programas, clínicas y observatorios del Sistema Universitario Jesuita expresan su preocupación por la iniciativa para seguir militarizando la seguridad pública. @suj_contigo @EmilioAlvarezI @CitlaHM pic.twitter.com/igbbgFepja
— IBERO CDMX (@IBERO_mx) September 5, 2022
CSAS