Mandos del Ejército mexicano han comenzado una labor de cabildeo con los líderes de los partidos políticos y congresistas, con el objetivo de concientizarlos sobre el riesgo que implicaría devolver a los militares a los cuarteles.

Las entrevistas de mandos con algunos dirigentes partidistas coinciden con la presentación de la iniciativa tricolor para extender cuatro años la presencia militar en tareas de seguridad pública.

Parece que ni el amago del PAN de renunciar a la alianza evitará que el PRI vote a favor de una iniciativa propia que permitiría al Ejército mantenerse en labores de seguridad hasta 2028.

El artículo 5.- Transitorio de la reforma constitucional que se realizó en 2019, establece que el Ejército permanecerá en labores de seguridad pública hasta marzo de 2024.

Lo que pretende el PRI es prorrogar 4 años más este ordenamiento alegando temas de seguridad en los estados.

Este tema es distinto al que votó en contra el tricolor el viernes pasado: la incorporación de la Guardia Nacional al Ejército.

La iniciativa tricolor, presentada por la diputada Yolanda de la Torre, tiene sus razones, indudablemente, pero contraviene la moratoria legislativa que firmaron los líderes del PAN, PRI y PRD, días después de haber votado en contra la reforma energética propuesta por el presidente López Obrador.

El PRI asegura que sólo manteniendo al Ejército en labores de seguridad pública se dará el tiempo necesario para consolidar una policía civil.

El argumento es válido porque en muchas regiones del país, es el Ejército el único que puede hacerle frente a la delincuencia organizada, sobre todo a partir del desmantelamiento de las policías locales y estatales, las cuales, salvo contadas excepciones, dejaron de recibir recursos estatales y federales.

Subsisten, pero son totalmente inoperantes ante el poder de fuego y organización de las bandas criminales.

Pero contradice su campaña en contra de la militarización del país; el discurso anti-verde olivo sí ha impactado en un segmento de la sociedad que ve con preocupación cómo el Gobierno actual ha empoderado a las Fuerzas Armadas asignándoles tareas y presupuestos que ningún otro Presidente les había concedido.

El PRI ha preferido el riesgo de que lo llamen partido vendido y que se tejan cualquier cantidad de teorías sobre este aparente cambio de discurso, a ser responsabilizado por el muy previsible incremento de la violencia si los militares regresan a sus cuarteles como estaba programado.

Una apuesta riesgosa, considerando que, incluso sus propios socios electorales, han comenzado a exigirle cuentas.

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Por cierto, no se puede desligar, de ningún modo, lo que ocurre en San Lázaro con lo que ocurrirá en el Estado de México.

El PAN reclamó al PRI por pretender prorrogar las tareas del Ejército en labores de seguridad pública, alegando que la alianza se había manifestado en contra de la militarización del país.

Pero el hecho también es aprovechado, bajita la mano, para presionar en favor de su candidato al Gobierno del Estado de México, Enrique Vargas, a quien varias encuestas colocan con buenas posibilidades de contender por el Gobierno estatal.

¿Qué tanto es convicción el enojo de Marko Cortés y qué tanto es estrategia política para negociar con el PRI mejores posiciones en las alianzas en Coahuila y el Estado de México?

Bueno, pronto lo sabremos.

LEG