El domingo 18 de septiembre, la Comisión Europea propuso una serie de medidas para garantizar la protección del presupuesto y de los intereses financieros de la Unión Europea frente a las violaciones sistemáticas al Estado de Derecho por parte de Hungría. La decisión consiste en la suspensión del 65% de los compromisos de tres programas operativos en materia de política de cohesión, que representan alrededor de 7 mil 500 millones de euros. Es decir, congelar fondos europeos a Hungría. Este paso ocurre tras un proceso intenso de negociaciones entre la Comisión y las autoridades húngaras desde el 27 de abril de este año.

“La conclusión de la Comisión es que las medidas correctivas propuestas podrían, en principio, abordar los problemas en cuestión, si se detallan correctamente en las leyes y normas pertinentes y se implementan en consecuencia”, detalla la CE con sede en Bruselas. Ahora bien, los gobiernos de la UE tienen un mes para decidir si adoptan tales medidas por mayoría calificada; este plazo podría extenderse por un máximo de dos meses. Por su parte, Hungría se ha comprometido a informar puntualmente a la Comisión sobre el cumplimiento de los pasos clave de implementación antes del 19 de noviembre de 2022.

Estos hechos ocurren luego de que, el jueves pasado, el Parlamento Europeo concluyera que Hungría ya no podía considerarse una democracia, sino un “régimen híbrido de autocracia electoral”. El informe se aprobó —con 433 votos a favor, 123 en contra y 28 abstenciones— cuatro años después de que se pusiera en marcha un mecanismo contra el Gobierno de Viktor Orbán activando el artículo 7 del Tratado de la UE, por vulnerar los valores europeos como libertad, igualdad, democracia y Estado de derecho. “Debemos luchar por nuestras democracias, todos los días(…) protegerlas tanto de las amenazas externas a las que se enfrentan como de los vicios que las corroen desde dentro”, sostuvo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ante el pleno del Parlamento.

Cabe destacar que von der Leyen resaltó la importancia del funcionamiento y la independencia del sistema judicial, así como de la implementación del mecanismo de condicionalidad. En lo que respecta al Gobierno de Orbán, su portavoz afirma que han articulado esfuerzos para cumplir con el mandato de la mayoría del electorado húngaro. Ahora, los ojos están puestos sobre Hungría. ¿Ya no gustan las figuras autócratas en Occidente como la de Orbán, Erdoğan y, recientemente, la de la extrema derecha en Suecia?

La UE tiene abiertos cada vez más frentes con Orbán. En tanto, Hungría ya no puede ser considerada una democracia y los valores europeos, como el Estado de derecho, están bajo amenaza sistémica en el país. Ya se ha advertido sobre los riesgos para la independencia judicial, la libertad de los medios, el sistema electoral, la libertad religiosa y los derechos de las minorías en el país. El informe del Parlamento Europeo y la decisión de la Comisión Europea motivan a tomar acciones frontales contra Hungría. Todo ello, sumado al cuarto triunfo consecutivo de Viktor Orban en Hungría, son cuestiones que están quedando fuera del análisis internacional.

¿O será otra de las cosas que no hacemos?

 

Consultor y profesor universitario

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