Tan lejos está México de alcanzar la autosuficiencia alimentaria, como de tener un sistema de salud danés “o de pérdida”, canadiense.

La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador creó Segalmex (Seguridad Alimentaria Mexicana), un organismo descentralizado y sectorizado a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

Segalmex tenía la encomienda de apoyar a los pequeños productores rurales del país, como primer paso para lograr la autosuficiencia alimentaria, prometida en campaña por el hoy Presidente.

Segalmex, al igual que el infausto Insabi, sustituto del Seguro Popular, ha sido un fracaso.

El campo mexicano no sólo no ha mejorado -el Gobierno ha invertido decenas de miles de millones de pesos en su programa “Sembrado Vida’’, cuyos resultados son bastante cuestionables-, por el contrario, se encuentra en una crisis agravada por la escasez de fertilizantes.

Aunado a ello, la empresa que nos llevaría al Nirvana alimentario es la protagonista de un fraude, malversación o como quiera llamarle, porque sus directivos no han podido demostrar el paradero de 9,500 millones de pesos.

La Fiscalía General de la República tiene radicadas 38 denuncias por irregularidades reportadas en las cuentas públicas de los años 2019 y 2020.

A un alto funcionario lo están enjuiciando porque decidió invertir en instrumentos bursátiles 950 millones de pesos, pese a que no contaba con las atribuciones legales para arriesgar el dinero de Segalmex.

Para que se dé una idea de la magnitud del escándalo, la “estafa maestra’’, por la que estuvo presa Rosario Robles cuatro años, involucró un daño patrimonial de 7,670 millones de pesos.

En Segalmex no pueden justificar en dónde quedaron 9,500 millones de pesos pero su exdirector, Ignacio Ovalle Fernández, ni siquiera ha sido señalado como corresponsable pese a ser la cabeza del organismo y que debía conocer todos sus movimientos financieros. 

Ovalle, a diferencia de Robles, fue premiado con la coordinación del Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal (Inafed), una beca que disfruta mientras pasan las investigaciones.

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Mara Lezama asumió ayer la gubernatura de Quintana Roo, en medio de una crisis de inseguridad que azota la entidad.

La nueva gobernadora afirmó que “el escenario es retador’’ y convocó a un diálogo social para construir, con la participación de todos los sectores, un Nuevo Acuerdo por el Bienestar y el Desarrollo de Quintana Roo, que permita superar los retos.

Lezama es la primera mujer en gobernar la entidad: sus retos son la inseguridad, impulsar la economía estatal para sanear finanzas estatales y detonar la región como el centro turístico más importante del mundo.

No está fácil.

Suerte.

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En Coahuila, el que ya no aguanta el fuego amigo y enemigo es Ricardo Mejía.

Por eso ha tomado fuerza la versión de que el senador Armando Guadiana Tijerina le entrará al quite, lo que dejaría fuera de la competencia al expanista Luis Fernando Salazar Fernández.

En el PRI sigue como puntero Manolo Jiménez, que parece ya dejó muy atrás al alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda.

A Manolo Jiménez le hace ruido el que se diga que uno de sus financieros es Feliciano Jacobo Batarse, empresario zapatero y de otros giros de quien se dice trae algunos problemas serios con la UIF y por ello no vive por ahora en Torreón.

Y aunque, como dice la canción, “son rumores, son rumores’’, no está por demás que los priistas cuiden a sus amistades pues, como se ve el escenario ahora, tienen la gubernatura ganada.

No se confíen.

AR