En México, solo nueve estados han despenalizado el aborto, ocho de ellos lo hicieron en los últimos tres años; en 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconsitutcional que se reconozca “la vida humana desde la concepción”.
En la Ciudad de México, Oaxaca, Sinaloa, Hidalgo, Veracruz, Baja California, Guerrero, Colima y Baja California Sur ya no es un delito la interrupción del embarazo; mientras que en Coahuila, en septiembre de 2021, la SCJN invalidó el artículo 196 del Código Penal del estado, donde se establecía una pena de hasta tres años de cárcel para las mujeres que lo hicieran voluntariamente.
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De las 23 entidades restantes, Nuevo León y Querétaro son dos de las que mantienen las iniciativas de ley estancadas en los congresos locales.
En entrevista con 24 HORAS, las representantes de las colectivas, Necesito Abortar México y Xtabay Quintana Roo, respectivamente, aseguraron que el atraso no es social, sino legislativo.
“El papel de la SCJN es garantizar el respeto a los derechos humanos, no hacer las leyes; a quien le compete realizar las modificaciones al Código Penal, es específicamente a las legislaturas(…) y los legisladores están poniendo su opinión moralista antes de garantizar el acceso a la salud reproductiva de las mujeres”, declaró la abogada quintanarroense, Ariadne Anguas.
La activista añadió que la deuda del Congreso estatal es histórica, pues también ocupan el primer lugar a nivel peninsular, en donde las mujeres que tienen los recursos viajan a la capital del país a interrumpir su embarazo.
“No hay acceso a la educación sexual integral, no tenemos acceso a métodos anticonceptivos, no hay una política pública para prevenir el embarazo en adolescentes, lo cual nos hace estar en los últimos lugares de prevención de enfermedades de transmisión sexual”, indicó.
A pesar de ello, acusó, la legislatura pasada no aprobó una de las cinco iniciativas en la materia, por lo que esperan que con el Gobierno entrante, a cargo de Mara Lezama, se puedan abordar los temas; “un cuerpo de mujer no garantiza perspectiva de género, pero estamos esperanzadas”, dijo.
PIDEN GARANTIZAR RESOLUCIÓN DE LA CORTE EN NL
Vanessa Jiménez, de la colectiva neoleonés, Necesitamos Abortar México, indicó que trabajan en una nueva estrategia para demostrar que la necesidad no es exclusiva de una persona, sino de las mujeres, por lo que buscan que el Gobierno del estado cumpla con las resoluciones de la SCJN.
La exigencia actual, señaló, es al gobernador Samuel García para que derogue el delito de aborto, al Congreso de Nuevo León, para que legisle a favor de éste y a los sistemas de salud, para que cumplan con los abortos por violación.
CITAS:
La exigencia es que los legisladores entiendan que no es un tema de principios morales, ni de religión, que saquen el rosario de nuestros ovarios”
Ariadne Anguas
Abogada y activista de Quintana Roo
Es una realidad que aunque tengamos una legislación a favor o en contra, el aborto sigue sucediendo en todos los estados, todos los días, en todo momento”
Vanessa Jiménez
Integrante de Necesitamos Abortar México
Interrupción en casa, opción por falta de espacios
Por: Valeria Chaparro
En un país donde tres de cada cuatro abortos se practican en condiciones inseguras, de acuerdo con la ONG Ipas, la labor de las llamadas ‘acompañantas’ ofrece una alternativa para aquellas que, atravesadas por diversos factores, no pueden acceder a este servicio de manera legal y gratuita.
“Acompañamiento al aborto” es la práctica de ofrecer información, apoyo emocional, logístico y material a quien desee interrumpir un embarazo, de acuerdo con la Guía de acompañamiento de mujeres jóvenes en situación de aborto, escrita por Barcklow D’ Amica y la doctora Jessica Reyes Sánchez.
La colectiva feminista, Michis Aborteros ofrece apoyo integral, que inicia desde el momento en que una mujer las contacta, hasta que se siente completamente recuperada.
A pesar de que el aborto es anticonstitucional en todo el país y que en nueve estados se han habilitado clínicas para realizar interrupciones, el servicio es escaso y deficiente para un problema que se ha catalogado como de salud pública.
De acuerdo con datos de la ONG Ipas, que defiende los derechos reproductivos de la mujer, entre 4,7% y 13,2% de la mortalidad materna anual es por las pérdidas riesgosas.
Integrantes de esta organización aseguraron que muchos de los casos que les llegan son principalmente buscando orientación, pues otro factor es la falta de información sobre la salud sexual y reproductiva.
“Una chica comía ruda después de tener relaciones sexuales sin protección porque su novio la obligaba”, dijo una de las acompañantas.
LEG