El ciberataque a archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pone de manifiesto que la seguridad nacional debe ser resguardada mediante un andamiaje jurídico y presupuestal adecuado, afirmó el diputado federal Brasil Acosta (PRI).
A través de un pronunciamiento, enfatizó que es incorrecto minimizar la información extraída, pues los documentos, estrategias y programas de trabajo que se puedan dar a conocer o que lleguen a manos de grupos delincuenciales o enemigos del Estado suponen un gran riesgo para la seguridad y estabilidad de la Nación.
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Por su parte, el coordinador de la bancada priista, Rubén Moreira, manifestó que desde el grupo parlamentario impulsarán un debate sobre la legislación relacionada con los ciberataques y la protección de la información del Estado Mexicanos y de los ciudadanos.
Lamentó la extracción ilegal de información e insistió en que se debe hacer una gran investigación y castigar a los responsables, porque, subrayó, seguramente se llevaron documentos importantes para el Estado mexicano.
Precisó que no se trata de cuestionar a los periodistas, pues ellos hacen su labor difundiendo.
Señalaron que el Estado Mexicano cuenta con los recursos humanos suficientes y capaces para poder brindar seguridad a las institucione, no obstante, esto puede verse obstaculizado porque los recursos con los que se cuenta en materia de desarrollo científico, tecnológico y de innovación no son suficientes, ni tampoco son prioridad del Ejecutivo y sus aliados.
Un ejemplo de ello, continuaron, es que la Ley General de Ciberseguridad no ha sido impulsada por la agenda política de Morena o sus aliados, pese a las grandes necesidades y vacíos que existen derivados de la falta de legislación en la materia y que aquejan tanto al gobierno como a los particulares.
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Asimismo, no se ha podido garantizar el presupuesto del 1% del PIB a ciencia, mismo que es una omisión legislativa ya que se encuentra establecido en las propias normas de la materia.
Los priistas dijeron, “somos conscientes de que, sin una adecuada distribución del gasto público que priorice los intereses de la nación en vez de los mega proyectos que además de resultar más costosos de lo que originalmente se presupuestaron, sólo favorecen a unos cuantos, el desarrollo tecnológico de México será más lento y tardaremos en garantizar un estado de salvaguarda a nuestros derechos y a nuestra seguridad”.
LDAV