La penalización severa del feminicidio fue aprobada por el pleno de la 75 Legislatura, en un paquete de reformas a la legislación de Michoacán, que incluye la prisión hasta por 60 años, circunstancias adicionales para calificar el delito y nuevas agravantes.
Fue un paquete de 12 iniciativas de ley para hacer reformas al Código Penal, particularmente al artículo 120, una de ellas presentada por el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, otra por la familia de Jessica González, una de las víctimas de feminicidio, y las de varios diputados.
Algunos de los cambios presentado por los diputados de las comisiones de Justicia, de Igualdad Sustantiva y de Género, para agravar las penas a los feminicidas son aplicar de 40 a 60 años de prisión (la pena máxima) a quien cometa feminicidio de una menor, y de 15 a 35 adicionales para aquel que asesine a una embarazada, fueron los que se hicieron al dictamen.
Como es costumbre entre los diputados, cada vez que logran algún consenso, aunque sea fuera de tiempo, los legisladores aplauden y felicitan, como fue el caso de los diputados Óscar Escobar, Gabriela Cázares, Fernanda Álvarez, Mónica Valdez y Adriana Hernández, tras hablar a favor de las reformas en tribuna.
Los tres puntos relevantes de las modificaciones son la exclusión del parentesco, para que quien cometa este delito no pueda usarlo para evadir la pena máxima y las nuevas circunstancias para calificar el homicidio doloso de una mujer como feminicidio.
La diputada del Partido del Trabajo, Gabriela Cázares, señaló que sirve de poco aumentar los años de cárcel a los feminicidas si no son atrapados y sentenciados, aunque no demeritó las reformas aprobadas.
LEG