Las nuevas medidas gubernamentales para contener la inflación vulnerarán la inocuidad de alimentos, advierten especialistas.
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El Gobierno otorgó una Licencia Única Universal a 15 empresas de la industria alimentaria, entre productoras y distribuidoras, a las que se les exime de todo trámite respecto a la importación y distribución de alimentos en insumo para el embalaje, incluidos los del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad (Senasica) y de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
“Con esta licencia, las empresas se comprometen a llevar a cabo la verificación necesaria que asegure que los alimentos e insumos que se importen y distribuyan sean de calidad y se encuentren libres de contingencias, tanto sanitarias como de cualquier otra índole”, según el acuerdo firmado entre empresarios, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O.
Esa medida es preocupante porque la responsabilidad de cumplir con las normas sanitarias recae únicamente en el empresariado, vulnerando la inocuidad alimentaria de los mexicanos al no tener un referente de que lo que consume cumple con las normas sanitarias, consideró Agustín Rojas Martínez, investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.
“Ahora al consumidor final lo ponen en una situación de vulnerabilidad porque ya no está seguro de que las formas que teóricamente que establecieron para eso (la sanidad) están operando, por lo menos, hasta febrero de 2023”, apuntó.
Ana Gutiérrez, especialista en comercio exterior en el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), añadió que son mucho más los riesgos de calidad y sanidad de los alimentos, que el posible potencial de la reducción de precios.
Reconoció que los trámites y los permisos de la Senasica y la Cofepris en ocasiones implican cambios en las rutas de traslados, o costos extras en el pago de más días de almacenamiento para hacer las revisiones a las mercancías y aprobar los permisos correspondientes, sin embargo, son estándares importantes que deben cumplir las compañías.
“El confiar únicamente o dejar la responsabilidad del lado de las empresas me parece un foco, cuando menos, amarillo”, indicó.
Alejandro Hernández Bringas, presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), dijo que habrá que “hacer votos” para que las compañías asuman la responsabilidad suficiente respecto a los riesgos sanitarios.
Como ocurrió en mayo con el lanzamiento del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), los especialistas prevén que los esfuerzos para reforzarlo serán marginales.
Hasta la primera quincena de septiembre, la inflación general anual se ubicó en 8.76%, sin embargo los rubros relacionados con la alimentación se ubicaron por encima, y reportaron cifras de dos dígitos. La inflación en alimentos procesados, bebidas y tabaco alcanzó un nivel de 13.27%, la de frutas y verduras, 14.68%, y la de pecuarios, 15.71%.
Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), acotó que las empresas de alimentos que forman parte del acuerdo, Bachoco, Calvario, SuKarne, Gusi y Sigma, son “serias”, y que sus instalaciones están sujetas a la certificación Tipo Inspección Federal (TIF) de Senasica, con “méritos autorizados que están vigilando la sanidad e inocuidad”.
Consideró que un mayor aporte para la reducción en los precios de los alimentos se debería de centrar en que las empresas distribuidoras reduzcan su margen de ganancia y los costos logísticos.
El presidente del CCE, Francisco Cervantes, y el líder de la Coparmex, José Medina, dijeron que se requiere incluir a más empresas para que la estrategia tenga más alcance y cobertura en la población.
“Puede tener una mayor alcance si se abre transversalmente a todas las empresas porque esto puede permitir que haya más oferta. Al haber más oferta bajan los precios”, planteó el presidente de la Coparmex.
FRASE
“Se pasan por alto las condiciones de sanidad, que dan cuenta de los alimentos que se venden tienen las normas de calidad e inocuidad”.
Agustín Rojas, investigador de la UNAM
LEG