Recién había nombrado el presidente Andrés Manuel López Obrador a Raquel Buenrostro como titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuando contaba la anécdota de que el representante jurídico de una “empresa gigante” había amenazado a su Gobierno con litigar los supuestos adeudos fiscales hasta el año 3000.
La conclusión de este relato lo fue contando la encargada de cobrar los impuestos, que dio ingresos adicionales a las arcas públicas a través de “convencer” a aquellos que, de acuerdo con el Gobierno federal, le debían al fisco.
Desde la visión de las finanzas públicas, esto fue un gran respiro en momentos en los que la pandemia y su consecuente crisis económica tiró los ingresos tributarios. Desde la visión de no pocos empresarios, bueno, mejor se ahorran expresar sus sentimientos por temor a que regresen los inspectores fiscales.
No va a ser igual tratar con las empresas estadounidenses que a través de su Gobierno emplazaron a México a resolver una controversia que las afecta por el trato desigual que reciben en el sector energético y que además claramente viola los principios del acuerdo comercial que esta administración, la de López Obrador, avaló con su propio equipo negociador.
Empresas canadienses están en esa misma situación, pero fue solo el Gobierno de Estados Unidos, a través de su muy estricta representante comercial, Katherine Tai, que decidió emprender el camino establecido por el pacto comercial, que va de las consultas al establecimiento de un panel de solución de controversias, que no es poca cosa por sus consecuencias.
López Obrador quisiera que las empresas extranjeras “entendieran” la postura nacionalista que invoca en su llamada cuarta transformación. Mientras que los gobiernos socios quieren hacer valer el texto del acuerdo comercial ratificado por los tres países.
Hay muchos colaboradores del Presidente que le han vendido espejitos, empezando por el trio Nahle-Bartlett-Romero que le prometieron a López Obrador el regreso a un mundo de energías fósiles estatizadas que ya no es posible en este mundo.
Pero también su negociador “estrella” en el T-MEC, Jesús Seade, quien negoció el famoso capítulo 8 lleno de obviedades que no constituye ninguna patente de corso para violar los derechos de equidad y trato justo de las empresas extranjeras.
Si la labor de la nueva secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, será tratar de “convencer” a sus contrapartes del norte de que debe prevalecer el criterio personalísimo de López Obrador sobre la letra del T-MEC, estamos en la antesala del establecimiento de un panel de solución de controversias que no hay manera de que gane el Gobierno mexicano.
Ahora, con toda esa confianza y buenos resultados que le ha dado al Presidente, Buenrostro puede “convencer” a los duros y retrógrados encargados del sector energético dentro del propio gabinete de que llegó la hora de la congruencia con la letra del acuerdo comercial y que dejen de maltratar a las empresas privadas.
Por lo demás, el comercio exterior es apenas una de las tantas áreas de competencia de la Secretaría de Economía. Seguro que con el perfil de la nueva secretaria podríamos ver que recupere sus funciones que habían sido arrebatadas lo mismo por la Secretaría de Hacienda que por la Profeco, que en el organigrama es un organismo público descentralizado dependiente de Economía.
@campossuarez