La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) investiga posibles prácticas anticompetitivas en los procedimientos de contratación pública relacionados con la adquisición, arrendamiento, servicios de mantenimiento y servicios administrados de tecnologías de la información y comunicación en el territorio nacional.
La investigación comprende los procedimientos de compra y/o arrendamiento de productos como computadoras de escritorio y portátiles, televisiones, fotocopiadoras, cámaras para cómputo, equipos de almacenamiento y productos relacionados.
Además, la indagatoria incluye la contratación o compra de tecnologías de la información y comunicación, como servicios de transmisión, licenciamiento de software, servidores de internet, además de los servicios de mantenimiento y servicios administrados relacionados con tecnologías de la información, por lo que, cualquier procedimiento de contrataciones de Gobierno a través de compras públicas en el mercado investigado sería susceptible de formar parte de esta investigación, detalló la entidad antimonopolios en un comunicado.
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Destacó que las contrataciones públicas son un tema prioritario para el regulador, dado que se usan recursos de los contribuyentes y deben asignarse en un marco de competencia para maximizar su capacidad de compra en las mejores condiciones.
La Autoridad Investigadora de la Cofece tiene indicios de la posible realización de conductas que podrían constituir prácticas monopólicas absolutas, específicamente la coordinación de posturas en licitaciones y el intercambio de información.
La Cofece recordó que las prácticas monopólicas absolutas son contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre competidores, cuyo objeto es la manipulación de precios, restricción o limitación de la oferta o la demanda, división o segmentación de mercados, concertación o coordinación de posturas en licitaciones, así como el intercambio de información entre ellos para realizar alguna de las conductas señaladas.
“Esta indagatoria toma relevancia porque toda autoridad gubernamental, independientemente de su nivel de Gobierno y facultades, requiere de tecnologías de la información y comunicación para el ejercicio de sus actividades, sobre todo en el contexto de la pandemia por Covid-19, en el que muchas autoridades debieron implementar el trabajo remoto derivado de las restricciones sanitarias”, argumentó la Cofece.
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Precisó que la investigación no debe entenderse como un prejuzgamiento sobre la responsabilidad de algún agente económico, toda vez que hasta el momento no se han identificado violaciones a la normatividad en materia de competencia económica.
En caso de que se encuentren elementos que presuman una violación a la ley, quienes resulten responsables serán llamados a un procedimiento seguido en forma de juicio para que presenten su defensa.
Conforme a la Ley Federal de Competencia Económica, de comprobarse la existencia de una práctica monopólica absoluta, los agentes económicos podrían ser multados hasta por el 10% de sus ingresos.
También podrían ser sancionados económicamente quienes hayan coadyuvado, propiciado o inducido la realización de estas prácticas, y las personas físicas que hubieran participado en la celebración, ejecución u orden de este tipo de acuerdos entre competidores, podrían ser sancionados con prisión.