Serán las instituciones bancarias y no los usuarios, quienes se vean afectados con las reformas que permiten que una parte de los recursos de cuentas “abandonadas” se destinen al equipamiento de policías estatales y municipales; aseguró el líder de Morena en el Senado.
Sin embargo, el PRI advierte que los recursos deben ser devueltos a la Tesorería, y no ser destinados a la Secretaría de Seguridad Pública, como propone la minuta enviada por la Cámara de Diputados.
De acuerdo con el líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, el dinero de una cuenta que está abandonada se lo queda el banco y la reforma busca que este recurso, que se estima en 10 mil millones de pesos, sea destinado en parte a las policías locales y federales.
“Lo que ahora se plantea es que ese dinero, que no mueven por determinada fecha, es decir, que no aportan, que no sacan, que no ingresan recursos a esa cuenta, que no tiene ningún movimiento; ahora prescriba a favor de la seguridad pública fundamentalmente; repartida un 45% en la Federación y el otro resto, el 55, entre estados y municipios”, detalló.
Sin embargo, la bancada del PRI en el Senado advierte que no está a favor de la minuta enviada por los diputados federales, de ahí que planteará que el fondo para fortalecer a las policías se financie con recursos decomisados al crimen organizado.
Además, pedirán que en caso de que los bancos confisquen las cuentas, este dinero sea depositado a la Tesorería de la Federación y se tengan reglas de operación claras para el uso de los recursos, y criterios de su distribución en los estados y municipios.
El decreto, que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y que la próxima semana será analizado por los senadores, señala que “los recursos, así como los intereses y rendimientos acumulados, generados por todos los depósitos e inversiones en la cuenta global con excepción de aquellos destinados a la beneficencia pública, se destinarán en favor del Gobierno Federal”.
La modificación al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, señala que “los ingresos que se obtengan se deberán destinar a la dependencia de la Administración Pública Federal encargada de la Seguridad Pública para que realice políticas y acciones de combate a la delincuencia en los porcentajes que para tal efecto se establezcan”.
LEG