La Cofece investiga posibles prácticas anticompetitivas en los procedimientos de contratación pública relacionados con la adquisición, arrendamiento, servicios de mantenimiento y servicios administrados de tecnologías de la información y comunicación en el país.
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La indagatoria comprende la compra y/o arrendamiento de productos como computadoras de escritorio o portátiles, televisiones, fotocopiadoras, cámaras para cómputo, equipos de almacenamiento y productos relacionados.
Se incluye la contratación o compra de tecnologías de la información y comunicación, como servicios de transmisión, licenciamiento de software, servidores de internet, además de los servicios de mantenimiento y servicios administrados relacionados con tecnologías de la información, detalló el ente antimonopolios en un comunicado.
Destacó que las contrataciones públicas son un tema prioritario para el regulador, dado que se usan recursos de los contribuyentes y deben asignarse en un marco de competencia para maximizar su capacidad de compra en las mejores condiciones.
La Autoridad Investigadora de la Cofece tiene indicios de la posible realización de conductas que podrían constituir prácticas monopólicas absolutas, específicamente la coordinación de posturas en licitaciones y el intercambio de información.
La Cofece recordó que las prácticas monopólicas absolutas son contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre competidores, cuyo objeto es la manipulación de precios, restricción o limitación de la oferta o la demanda, división o segmentación de mercados, concertación o coordinación de posturas en licitaciones, así como el intercambio de información entre ellos para realizar alguna de las conductas señaladas.
“Esta indagatoria toma relevancia porque toda autoridad gubernamental, independientemente de su nivel de Gobierno y facultades, requiere de tecnologías de la información y comunicación para el ejercicio de sus actividades, sobre todo en el contexto de la pandemia por Covid-19, en el que muchas autoridades debieron implementar el trabajo remoto derivado de las restricciones sanitarias”, argumentó la Cofece.
Precisó que la investigación no debe entenderse como un prejuzgamiento, toda vez que hasta el momento no se han identificado violaciones a la normatividad en materia de competencia económica.
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