El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, reveló que el Gobierno federal tiene un acuerdo político con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) con el cual no sólo lograron prolongar la presencia militar en las calles, sino que podrían “revivir” la reforma eléctrica e impulsar una electoral; sin embargo, la dirigencia tricolor negó todo entendimiento en ese sentido.
Este acuerdo político con el PRI permitirá al gobierno del presidente Andrés López Obrador consolidar la gobernabilidad que el país requiere “pero sobre todo, (dará) lo que requiere al Gobierno en el último tramo de su sexenio”, se congratuló el funcionario.
“Vamos, y ese es un compromiso, aquí se los digo, vamos a intentar recuperar temas como la reforma eléctrica, a intentar construir una verdadera reforma electoral”, expresó.
Pese a ello, el líder del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira; y el dirigente nacional del tricolor y diputado federal, Alejandro Moreno, negaron –por separado– todo tipo de acuerdo político, compromiso o intento por retomar la reforma eléctrica rechazada en abril pasado, o apoyar cambios electorales que debiliten al Instituto Nacional Electoral o al Tribunal Electoral Federal.
“Tanto en Cámara de Diputados, como en el partido, nosotros no hemos presentado ninguna reforma (o) iniciativa de reforma electoral, porque no es tema para nosotros ahorita, no lo hemos hecho.
“Pero lo que sí dejamos claro es que una iniciativa o propuesta de reforma que dañe, que lastime la autonomía, que vulnere al INE o al Tribunal Federal Electoral, está claro que la posición del PRI es que vamos a votar en contra”, aseveró Moreno.
En tanto, Moreira afirmó que “si no hay reforma electoral, nosotros no tenemos problema, vamos con la ley que existe. Nosotros respetamos la autonomía del INE y de los tribunales electorales. Eso es todo”, apuntó el priista.
Horas antes, el secretario de Gobernación relató en el Auditorio Aurora Jiménez del Palacio Legislativo sostuvo una charla con el coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, dos días antes del Cuarto Informe de Gobierno.
“Me dijo Nacho, ‘oye, quiero platicar contigo’ (…) estuvimos hablando del formato del Informe y yo sentía que me quería comentar algo, pero no sabía qué y al final me pregunta: ‘¿oye, y no te han visto nuestros amigos?’
“Nacho, pues ¿de qué amigos me hablas?, y me dice, de aquéllos, ¿de cuáles aquéllos, Nacho?, esos con los que platicábamos la reforma eléctrica, y le digo: no pues sí, a uno de ellos no quiero ni verlo, a ver si me graba o me quema”, expresó el titular de Gobernación a los diputados.
A finales de mayo, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, hizo pública una conversación con el senador Manuel Velasco (PVEM), en la que éste le advertía que López Hernández le avisó que se iban a ir “con todo” en contra del priista si el tricolor no daba los votos para aprobar la reforma eléctrica.
En la plática que el secretario tuvo con los legisladores morenistas recordó que Mier le informó que “los amigos” les invitaban a construir un consenso respecto a la Guardia Civil.
Posteriormente, continuó, acudió con el Presidente de la República para explicarle la ampliación de la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad y lo instruyó a acordar junto con Mier, “y se empezó a construir la posibilidad de lo que hoy tenemos, que es un acuerdo político que va más allá de una reforma constitucional”.
Alargan debate sobre mantener a FFAA en calles
La Cámara de Diputados perfilaba –al cierre de esta edición– aprobar nuevamente la reforma constitucional que prorroga la presencia militar en tareas de seguridad de 2024 a 2028.
Se esperaba que el dictamen recibiera los votos en contra del Partido Acción Nacional (PAN), una parte del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y de Movimiento Ciudadano (MC), quienes resaltaron que la permanencia de los militares en las calles no resolverá la crisis de violencia e inseguridad que azota al país.
La diputada Mariana Gómez del Campo (PAN) reclamó que no existe ningún análisis serio que justifique la ampliación hasta 2028 del uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
No se sabe, insistió, qué ha funcionado y qué no en la estrategia de seguridad del Gobierno federal; no hay tampoco, una estrategia integral encaminada a fortalecer a las Policías locales.
“El hecho de contar con un plazo de cuatro años más, una Comisión Bicameral, informes semestrales, aprobación de dictámenes en los plenos de las Cámaras y recomendaciones, no cambiará en absolutamente nada la tragedia por la que estamos atravesando en materia de inseguridad y de violencia”, enfatizó.
El diputado Salvador Cano (MC) señaló que la minuta regresada por el Senado es una simulación de un pacto de impunidad, de la claudicación de partidos y de representantes populares, ante el poder del Presidente.
“Esto es un tema político, no técnico. Los argumentos que han dado son francamente ridículos, están dando más poder al Ejército”, dijo.
La sesión tuvo un receso luego de que el presidente de la Mesa Directiva, Santiago Creel (PAN) abriera la presentación de reservas para posteriormente realizar una sola votación en lo general y en lo particular.
La bancada panista reclamó que debía separarse la votación, lo que obligaba a que en ese momento se hiciera en lo general; sin embargo, en el salón de plenos la presencia de diputados del bloque oficialista y del PRI era mínima, lo que abría la posibilidad de que perdieran la votación a favor, lo cual finalmente no ocurrió.
El dictamen aprobado se remitirá a los Congresos estatales para su aprobación, lo cual requiere de que al menos 17 lo voten a favor.
LEG