El operativo en el que se capturó y liberó a Ovidio Guzmán, en octubre de 2019, conocido como Culiacanzo, originó una confrontación directa entre los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Audomaro Martínez, según revela un análisis de la Guardia Nacional, elaborado en mayo de 2020.
En el documento –cuyos nombres se omiten por estar clasificado como secreto por seguridad nacional y cuya difusión podría configurarse como delito federal–, se detallan las problemáticas entre las áreas de inteligencia civiles y militares.
La GN señaló que, tras el operativo en Sinaloa, en el que se liberó al hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, hubo varios cambios en las áreas de inteligencia militares, en las cuales influyó Audomaro Martínez.
La supuesta confrontación se dio porque, aunque Martínez es general de división, la función que realizaba en ese entonces y en la que ahora se mantiene, es civil.
“El caso es que su sustitución confronta al secretario de la Defensa con el titular del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Lo anterior sería revelador de la sensibilidad que prevalece en las áreas de inteligencia militar y civil, que pudieran afectar de nueva cuenta la coordinación funcional esperada”, indica el documento hallado por 24 HORAS, entre los más de cuatro millones de archivos que el grupo Guacamaya hackeo al Ejército.
Respecto a la coordinación del Ejército, Marina y el CNI en las áreas de inteligencia, la Guardia Nacional, en 2020, consideró que “la carencia de protocolos conjuntos de actuación, así como de mecanismos específicos que permitan el adecuado intercambio de información de inteligencia puede condicionar de manera negativa el diseño estratégico de acciones coordinadas encaminadas a mejorar la seguridad y paz social”.
COMPLICACIONES
Asimismo, desde 2020, la GN anticipó que no se convertiría en un órgano civil y que su militarización generaría uno de los principales reclamos de la sociedad civil al Gobierno federal. Además, a nivel de instituciones, indicó, podría haber confusión en las áreas de inteligencia, debido a que estarían la militar, naval, civil y la Guardia Nacional, que igual tendría su propio destacamento de análisis.
“Organizaciones sociales subrayarán el impacto en la moral y el deterioro doctrinario del actual acuerdo, tanto para las Fuerzas Armadas, que temen verse mediatizadas en su misión soberana, como para la Guardia Nacional en la actual fase de integración estructural a las atribuciones que le confiere la normatividad”, indica el documento.
Se trata del acuerdo del 1 de mayo de 2020, en el que se disponían de las Fuerzas Armadas de manera permanente. Mientras que, recientemente, la Guardia Nacional pasó a estar bajo el mando de la Sedena; y ayer en la Cámara de Diputados seguía a debate –al cierre de esta edición– si el Ejército continúa en tareas de seguridad pública hasta 2028.
Un escenario similar fue previsto por esa corporación desde 2020, pues vaticinó que en el futuro habría señalamientos de la “amenaza para la moral de sus integrantes, la pérdida de identidad y la debilidad doctrinaria; se resaltará la afectación en los procesos de reclutamiento y selección, y el divorcio con la sociedad que sobrevendrá a un manejo inapropiado de la protesta, que sobrevendrá a la inminente reapertura económica”.
También previó que “a la impugnación contra la presunta militarización, se sumará el cuestionamiento al supuesto desmantelamiento de las capacidades de la Guardia Nacional en materia de inteligencia e investigación de delitos como el secuestro y la extorsión; con el incumplimiento de sus atribuciones normativas en estas materias, se denunciará que se está privilegiando la labor represiva de mantenimiento el orden público y el control social como prioridades institucionales, en menoscabo de la prevención y el respeto a los derechos humanos”.
En un apartado sobre las presiones a la Guardia Nacional, el documento señala que “las agencias de inteligencia extranjeras seguirán fomentando el clientelismo, favoreciendo a las agencias, a su juicio menos ineficientes o afectadas por la corrupción, azuzando el conflicto y descalificación”.
También avizoró que “medios y sectores de la sociedad civil confrontarán los resultados de presuntas investigaciones para subrayar carencias en materia de calidad de la información y análisis”.
No tengo nada que opinar: Adán Augusto
Por: Jorge X. López
“No tengo nada que opinar al respecto”, respondió el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, al ser cuestionado por la información robada a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la que se da cuenta de que siendo gobernador designó en áreas de seguridad a gente vinculada con el crimen organizado.
Además, según los documentos hackeados por el colectivo Guacamaya, el funcionario estaría vinculado con el robo de combustible, pues las investigaciones de la Sedena señala que, el 16 de agosto pasado, alias Gabo explicó a un encargado de conseguir pipas para robar el combustible que seguirá trabajando con alias Hammer, que éste incluso estableció comunicación con López Hernández para informarle de los depósitos, y al que se refirió como tío, a lo que el exgobernador dijo que está a la orden y si los paraba la Guardia Nacional, le hablaran directamente al comandante al número que ya tenían.
El informe del Centro Regional de Fusión de Inteligencia Sureste (Cerfise) del 2022 concluye que es viable que funcionarios estatales de nivel medio, así como funcionarios municipales, puedan tener vínculos con cárteles del crimen organizado.
“Si yo le digo que es una mentira usted va a decir que la estoy engañando, y si le digo que es una verdad pues también, entonces no tengo nada que opinar”, expresó al terminar su participación en una reunión con diputados de Morena en la Cámara de Diputados.
LEG