A diez días de la masacre en Santiago Totolapan, Guerrero, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, señaló que se pudo evitar con un cateo programado para julio pasado, pero que fue aplazado por una juez; sin embargo, el director de la consultora Etellekt, Rubén Salazar Vázquez, advirtió que los ataques contra gobernadores y ediles podrían incrementarse en los próximos días, tras el hackeo de Guacamaya Leaks.
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En los documentos sobre seguridad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) filtrados en días pasados, se advierte que mandatarios estatales, alcaldes, legisladores locales y un fiscal, de Veracruz, Morelos y Guerrero, estarían presuntamente involucrados con células del crimen organizado que operan en esos estados.
Al respecto, Salazar Vázquez señaló en entrevista con 24 HORAS que esto solo vendría a recrudecer la violencia de la que ya son víctimas los gobernantes estatales y locales.
“Los documentos filtrados de la Sedena le proveen inteligencia a estas organizaciones (criminales) y pensamos que esto puede derivar en que conocen qué alcaldes tienen vínculos con qué grupos y si es con rivales podrían estar tomando represalias”, declaró.
Añadió que el problema se está magnificando por las presiones que ejercen grupos delictivos, algunos de ellos incluso con respaldo institucional de otros gobiernos contrarios durante las alternancias políticas.
LOS NEXOS DEL CRIMEN EN LOS ESTADOS
De acuerdo con estas filtraciones, la alcaldesa de Pilcaya, en Guerrero, quien en agosto de 2021 fue víctima de un atentado del que salió ilesa, tendría relación con José López Veneces, El Chanis, miembro de La Familia Michoacana.
Asimismo, en 2019 se detectó que el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García presuntamente ha permitido la entrada y protección del Cártel del Noreste al estado.
En Morelos, se dice el actual fiscal, Uriel Carmona Gándara, 18 ediles, un senador, dos diputados locales y al menos un juez que estarían vinculados a Los Rojos, Guerreros Unidos y los Beltrán Leyva.
CATEO RETRASADO DETONÓ ATAQUE: MEJÍA
El pasado 26 de julio, la Fiscalía de Guerrero solicitó a la jueza de control, Isis Peralta Salvador, una orden de cateo en cinco ranchos por hechos delictivos en proceso en Iguala, San Miguel Totolapan y Arcelia, mismo que fue autorizado dos días después, informó Mejía Berdeja.
“Esta situación es un caso de impunidad que se genera por una dilación de una juez en Guerrero(…) dos días después la jueza autoriza el cateo, tiempo suficiente para que los presuntos criminales salieran del lugar, quitaran evidencias y organizaran cinco bloqueos en el lugar para dificultar las acciones de las fuerzas federales”, señaló.
Blindan Tierra Caliente por inseguridad
El Ejército mexicano y la Guardia Nacional incrementaron su presencia en la Tierra Caliente de Guerrero con cerca de dos mil efectivos que mantienen rodeada la región luego de la ejecución de 20 personas el pasado cinco de octubre en San Miguel Totolapan.
Según los primeros reportes, los habitantes demandan que las fuerzas armadas no se retiren de la región, pues los constantes rondines en poblados, rancherías, caminos rurales y cabeceras municipales han permitido que la gente haga sus actividades sin temor.
Asimismo, han intensificado las acciones de proximidad y labor social con el objetivo de reducir el miedo de la población a delatar a los delincuentes.
LEG