Cuando Andrés Manuel López Obrador dijo el viernes pasado que Estados Unidos había decidido no dar un paso hacia el establecimiento de un panel de solución de controversias, en su reclamo por el trato desigual a sus empresas energéticas, el Presidente estaba faltando a la verdad.

Pero, además, era una afirmación que fácilmente sería desmentida. Porque si el Gobierno de Estados Unidos decidió acudir a ese mecanismo contemplado en el acuerdo comercial trilateral, T-MEC, es porque justamente se reserva el derecho de usar todas sus herramientas, incluido un panel que termine por aplicar sanciones comerciales a México.

¿Por qué el Presidente haría una afirmación que tan fácilmente podía ser desmentida? Una posibilidad es que a él mismo lo hayan convencido de que va ganando la partida en contra de sus socios y la otra es que solamente le habla a un pequeño grupo de seguidores que le van a creer lo que sea.

Si este régimen cree que el Gobierno estadounidense, o canadiense, va a desistir de defender los intereses de sus empresas porque llegó “la cuarta transformación” al poder en México y quiere imponer su visión populista sin que importe lo que diga la Constitución o los acuerdos internacionales, cometen un error costoso.

Estados Unidos tiene sus propios tiempos políticos y puede ser que abrir un frente de atención mediática con México por los temas energéticos a tres semanas de las elecciones no sea la mejor estrategia para un partido demócrata que claramente tiene desventajas en estas elecciones intermedias.

No hace falta hacer muchas comparaciones biográficas para darse cuenta de que los equipos negociadores de Estados Unidos y Canadá están conformados por auténticos expertos en materia comercial, no hay improvisaciones, ni nepotismos de por medio.

Pero tampoco hay sorpresas para nadie al saber que un funcionario de este régimen no es útil para el Presidente en función de sus conocimientos, eso solo le da el 10% de la importancia. Lo que López Obrador quiere es que el otro 90% de sus servidores sean leales y obedientes a sus creencias.

Raquel Buenrostro ha tenido hasta ahora dos encomiendas de su jefe el Presidente: recortar el gasto público y cobrar lo más que se pueda a los contribuyentes sin importar los costos. En las dos tareas le ha dado buenos resultados.

La pregunta es si el Presidente cree que Buenrostro está en su nueva encomienda para doblar a los socios comerciales del norte, o bien para ablandar a los duros del equipo presidencial encargados de los temas energéticos.

El trato desigual para las empresas estadounidenses y canadienses es evidente con un cambio de reglas que ni siquiera este Gobierno fue capaz de plasmar en la Constitución. No se trata de un asunto de soberanía ni mucho menos, es un artero trato desigual para empresas privadas que creyeron en este país.

No hay manera de que las consecuencias económicas para México no sean brutales en materia comercial.

Y al mismo tiempo, si al Presidente le crecieron los enanos energéticos de su gabinete, solo una mano más dura como la de Buenrostro puede ubicarlos en el tamaño del daño que le quieren provocar al país.

   @campossuarez