@guerrerochipres
Cada año se estima que unos tres millones de personas ingresan de manera ilegal a Estados Unidos con la intención de asegurarse un mejor futuro. En su ruta, son vulnerables a delitos como la Trata de Personas, operada por grupos que han incursionado o entrado en contacto con otros dedicados al tráfico humano.
Carencias económicas, falta de acceso a la educación y al empleo; violencia y otros factores estructurales y personales que pueden incluir ingenuidad y voluntarismo empujan a cruzar la frontera norte de México de manera indocumentada.
Los reportes provenientes de todo el país y atendidos en la Línea y Chat Nacional contra la Trata de Personas (LNCTP), 800 5533 000, operada por el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, ubican situaciones de riesgo ante explotación laboral y sexual o trabajos forzados, y delitos, como extorsión, fraude o secuestro.
Uno de cada cuatro casos está relacionado con aspectos laborales. Del total de víctimas identificadas este año bajo esas modalidades de la Trata, 52% fueron mujeres y 48% hombres, principalmente de origen mexicano, hondureño, colombiano, guatemalteco, chileno y canadiense.
El estatus migratorio, el idioma, un limitado acceso a servicios y la incertidumbre sobre las condiciones de traslado y de lo que encontrarán en su destino colocan en vulnerabilidad a las personas en situación de movilidad, quienes confían en los traficantes.
El trabajo periodístico publicado ayer en 24 HORAS nos recuerda, además, que un grupo del crimen organizado encuentra en el tráfico humano una forma lucrativa para sus operaciones: cobrar “derecho de piso” a las bandas de “polleros”.
Los testimonios de víctimas y testigos, analizados por el Consejo Ciudadano, refieren casos de fraude. Las víctimas son abandonadas antes de cruzar la frontera, aunque les aseguran haber llegado a su destino; secuestros y exigencia de pago a familiares, o personas que han sido prácticamente vendidas en condición de esclavitud para “trabajos” en maquila o la pizca.
Al ser, tanto el tráfico como la Trata de Personas, delitos transfronterizos, necesitamos un trabajo coordinado entre organismos y autoridades de los países involucrados, que limite la operación de los grupos delictivos y reduzca la incidencia delictiva.
Desde la Ciudad de México, la política de seguridad pública impulsada por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ha permitido una disminución de 28 por ciento en las carpetas de investigación registradas en 2021 respecto del 2018 en materia de Trata. Es una tendencia semejante a la de este 2022.
El Consejo Ciudadano respalda este esfuerzo en la capital nacional. Selló una alianza con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM-ONU Migración), representada en México por la jefa de Misión, Dana Graber Ladek, con el objetivo de promover la atención a los grupos vulnerables. Es una posibilidad de salvar vidas.