El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 268 votos a favor y 214 en contra la Ley Federal de Derechos, que entre las novedades que contiene para el próximo año destacan el cobro a extranjeros por el derecho a trabajar en el país; por visas electrónicas; y tres municipios, ubicados en Campeche y Baja California podrán cobrar derechos por uso de playas.
El dictamen establece el cobro por tres mil 557 pesos a extranjeros por el derecho para realizar actividades remuneradas, ya sea residente temporal o residente temporal estudiante y se cobrará el derecho por la expedición o actualización de la constancia de inscripción de empleador por 345.53 pesos.
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Además, se cobrará por la expedición de visas electrónicas un monto de 174.62 pesos, pero se exenta de este pago a extranjeros que soliciten visa de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, cuando sean consideras víctimas o acrediten ser familiares de personas extrajeras desaparecidas en territorio nacional, o por causas humanitarias.
Los municipios de Seybaplaya, Campeche, y San Quintín y San Felipe de Baja California podrán generar el cobro de derechos por el uso, goce o aprovechamiento de inmuebles, playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar o aguas marítimas.
También se impone el pago de derecho por la resolución relativa a los precios, montos de contraprestaciones o márgenes de utilidad, que significa, explicó el diputado Daniel Gutiérrez (Morena), que grandes empresas paguen por las utilidades que genera cada filial o empresa que pertenezca a un mismo conglomerado comercial.
Sobre los derechos de minería se redistribuyen para que 85% se destine a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Secretaría de Salud, así como a otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que lleven a cabo las acciones de inversión física con un impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo.
El 5% será para la Secretaría de Economía para fortalecer el sector minero y las mejoras a los sistemas de registro y control de la actividad minera y 10% al Gobierno Federal, para programas de infraestructura aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
En materia de registro y ejercicio profesional se implementa el pago por la licencia para el ejercicio profesional de extranjeros por 483.91 pesos y el cobro de derechos por la expedición del permiso de vertimiento en las zonas marinas mexicanas por 22 mil 818.74 pesos.
Al fundamentar el dictamen, la diputada Ana Ayala (Morena) expresó que la Ley Federal de Derechos es un ordenamiento de carácter fiscal que establece el cobro de derechos por la presentación de servicio públicos o por el uso, goce o aprovechamiento de los bienes de dominio público de la nación y requiere una constante adecuación con motivo de los ajustes a las competencias de las dependencias que integran la administración pública federal.
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“Los trabajos realizados en la comisión se integró el referido dictamen, en cual, en relación con la Ley Federal de Derechos vigente presenta un total de 40 modificaciones, 24 reformas, diez adiciones y seis derogaciones, a 35 artículos”, dijo la legisladora.
Detalló que entre los cambios también destacan que no se pagarán derechos cuando se trate de pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas, que hagan valer derechos de propiedad colectiva sobre su patrimonio cultural, tratándose de construcción y explotación de aeródromos de servicios comunitarios o por los servicios, permisos de explotación de reproducciones en materia de monumentos y zonas históricas, y artísticas.
El pleno comenzó ahora con la discusión de las reservas que suman 85 y para lo cual se inscribieron 54 oradores.
RM