¿Alguien sabe qué dijo la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, durante su comparecencia ante el Senado? ¿No?
Eso tiene una explicación: toda la atención se centró en la figura del secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, quien escoltó, literalmente, a la funcionaria.
El invitado de palo -junto con el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Miranda-, el secretario de la Defensa fue duramente cuestionado por los senadores de oposición y cobijado, obviamente, por los de Morena.
Más allá de los argumentos esgrimidos por los opositores a la llamada “militarización’’ del país, sobresale el hecho irrebatible del desgaste que el general secretario, en particular, y el Ejército en general, han sufrido los últimos años.
No hay foro de especialistas, ni café de oficinistas en el que el tema de moda sea la influencia que los militares han ganado durante esta administración.
Lo mismo construyen, administran el aeropuerto Felipe Ángeles y usufructuarán -quien sabe cuándo, pero permiso ya tienen- las utilidades que algún día genere esta obra.
Son los encargados de repartir los medicamentos, con tan malos resultados que en muchos estados las instituciones de salud pública se siguen quejando por el desabasto.
Construyen bancos, distribuyen los libros de texto gratuitos; vigilan aduanas y, cuando el tiempo lo permite y su jefe máximo lo autoriza, persiguen a algún capo incómodo.
Hasta antes de esta administración, el Ejército Mexicano era una de las instituciones más respetadas, con más de 90% de aceptación; ahora dicho porcentaje se ha reducido pese a que, efectivamente, las denuncias de violaciones de derechos humanos en contra de militares se ha reducido aunque siguen estando en los escritorios de lo que queda de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Sandoval resistió estoicamente los señalamientos de los legisladores de oposición, como el del senador independiente Germán Martínez quien le advirtió que ni su fuero le alcanzaría para evitar ser sancionado internacionalmente si violara la Constitución o los derechos humanos.
O la acusación de Lilly Téllez, quien lo acusó de haber cabildeado la reforma constitucional que extiende hasta 2028 las tareas del Ejército en materia de seguridad pública.
No había necesidad de someter al Ejército a tal desgaste de su prestigio y su imagen institucional.
No se trata solo de los negocios y las tareas atípicas a las que los ha comisionado el presidente López Obrador, también cuentan los videos en donde grupos de delincuentes someten y vejan a unos soldados atados de manos para defenderse.
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Los días pasan hasta convertirse en semanas y el Gobierno de Chiapas no ha podido o ha querido ofrecer una explicación sobre la intoxicación por, presuntamente, cocaína que afectó a estudiantes de dos secundarias.
Decenas de adolescentes sufrieron los síntomas de intoxicación por alguna droga, como mareos, desmayos y alucinaciones, pero ninguna instancia gubernamental ha explicado qué fue lo pasó, si efectivamente se trató de algún alcaloide y cómo fue posible que afectara a un grupo tan numeroso.
Y si se trató de un caso de histeria colectiva -que suelen pasar-, también deberían haberlo informado pero ni siquiera eso han podido hacer, ya sea por ineficiencia, por órdenes superiores o simplemente porque no saben nada, lo cual resultaría más que lamentable.
A ver si el gobernador Rutilio Escandón se da un tiempo para atender el caso personalmente porque ya se vio que sus subalternos, no pueden con el paquete.
LEG