Las dependencias del Gobierno de México y las autoridades tradicionales del pueblo wixárika acudieron a la segunda jornada de trabajo –después de la primera en Durango–, para continuar la construcción de acuerdos para la implementación del Plan de Justicia de los Pueblos Wixárika, Na’ayeri, O’dam y Meshikan de los estados de Durango, Nayarit y Jalisco.
“Lo que estamos haciendo en estas reuniones, ya no es sólo poner la demanda en la mesa, sino que ya estamos poniendo manos en la obra, trabajo de campo”, expresó el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes.
Sobre los cinco lugares sagrados asentados en diversos estados del Gran Nayar –Tatei Haramara, en la Isla del Rey, San Blas, Nararit; Xapawyemeta, Lago de Chapala, Jalisco; Wirikuta, Real de Catorce, San Luis Potosí; Hauxa Manaka, Cerro Gordo, San Bernardino de Milpillas Chico, Durango y Tea’kata, Santa Catarina Cuexcomatitlán, Jalisco–, informó que el Gobierno de México ya tiene un proyecto de decreto para dar reconocimiento y protección a dichos lugares sagrados, mismo que fue entregado a todos los asistentes.
“Es un decreto histórico, ya que no hay precedente en México ni en el mundo, y va a constituir un hito en el régimen jurídico, nacional e internacional”, destacó.
Propuso realizar un recorrido –con respeto, pidiendo permiso, con una ceremonia sagrada y preparación espiritual–, del 14 al 25 de noviembre, con el propósito establecer los polígonos de los cinco centros, con la participación de autoridades federales, tradicionales, comunales, mara’akames (guías espirituales wixárikas) y comisionados.
En materia de gobierno, paz y seguridad, indicó que “se tienen que fortalecer las instituciones tradicionales de gobierno bajo las cuales los pueblos ejercen su autonomía y
libre determinación, incluido el tema de la administración directa de los recursos públicos”.
En presencia del director general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali), Juan Gregorio Regino, la presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Claudia Olivia Morales Reza, y de la comisionada para el diálogo con los pueblos indígenas de México de la Secretaría de Gobernación (Segob), Josefina Bravo Rangel, destacó la nueva forma de gobernar implementada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, al establecer un diálogo con humildad y compromiso con los pueblos y comunidades, desde su territorio.
Ante gobernadores tradicionales de San Sebastián Teponahuaxtlán, Santos Hernández Bautista; de Tuxpan de Bolaños, Juventino Hernández González; Santa Catarina Cuexcomatitlán, Demetrio González Nazario y de San Andrés Cuamiata, Cándido Torres Minjares, el titular del INPI señaló que la intención fundamental del encuentro es que el Gobierno de México pueda dar respuesta puntual a los planteamientos del plan de justicia.
El director general del Banco del Bienestar, Víctor Lamoyi Bocanegra, indicó que una de las principales demandas plasmadas por los cuatro pueblos en su plan de justicia, es contar con una sucursal bancaria en su comunidad para recibir sus apoyos de Programas de Bienestar, como las Becas para el Bienestar Benito Juárez, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, los apoyos de Producción para el Bienestar y Sembrando Vida.
“Estamos trabajando para llevar una sucursal a las comunidades donde ustedes las están pidiendo, son muchas las sucursales que vamos a construir mediante este plan de justicia, para que no se tengan que trasladar dos o tres horas para cobrar los apoyos; esa es la instrucción del presidente López Obrador y por eso estamos aquí, para llevar los servicios financieros hasta las comunidades, porque es un tema de justicia y les vamos a cumplir”.
Del mismo modo, Adelfo Regino refirió que durante la pasada visita del presidente a la sierra del Gran Nayar los días 9 y 10 de septiembre de este año, autoridades tradicionales entregaron el documento del plan de justicia con los temas de lugares sagrados, cultura e identidad; tierra, territorio, recursos naturales y medio ambiente; gobierno tradicional, paz y seguridad, así como bienestar común.
Autoridades plantean demandas
El gobernador de San Sebastián Teponahuaxtlán, Santos Hernández Bautista, solicitó realizar una revisión de los caminos planteados inicialmente en las reuniones de diagnóstico para optimizar el recurso que se disponga para tal fin.
El coordinador general del Consejo Regional del Pueblo Wixárika, Minjarez Valdez Bautista, recordó que el proceso del Plan de Justicia de la Sierra Madre Occidental de Durango, Nayarit y Jalisco inició con las comunidades wixárika y conforme se avanzó se integraron los pueblos na’ayeri, o’dam y meshikan. Por ello, invitó a que se tomen acuerdos concretos para materializar la atención de los planteamientos contenidos en el Plan de Justicia de manera integral.
El comisariado de bienes comunales de Santa Catarina Cuexcomatitlán, Agustín Sandoval Carrillo Bautista, agradeció la toma de acuerdos que se alcanzaron gracias al diálogo y la disposición de las autoridades presentes.
Tierra, territorio, recursos naturales y medio ambiente
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el INPI, la Procuraduría Agraria (PA) y el Registro Agrario Nacional (RAN), se comprometieron a contribuir en la solución de la problemática territorial del pueblo wixárika, así como lograr la devolución material de las superficies de tierras a la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán y al pueblo wixárika.
Por parte de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México y la PA, seguirán en negociaciones conciliatorias con los posesionarios de Huajimic, de igual manera en espera de los avalúos respecto de los posesionarios que ya han aceptado las propuestas de pago.
Gobierno tradicional, paz y seguridad
El INPI y la Conapred, en conjunto con organismos de asuntos indígenas de los gobiernos de los estados y las autoridades tradicionales, promoverán mecanismos para garantizar el derecho de participación política de los pueblos wixárika, en los puestos de representación y cargos públicos.
El INPI apoyará procesos organizativos y acciones para el ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas, por medio de las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana (CAMI).
Bienestar común
Se acordó que el INPI gestionará ante la Secretaría de Cultura la designación, en coordinación con las autoridades tradicionales, de un promotor para impulsar proyectos de revitalización de la cultura y la lengua wixárika.
El Banco del Bienestar concluirá la construcción de las sucursales de Pueblo Nuevo y Mezquitic, Jalisco. Así también, Fonart llevará a cabo los diagnósticos necesarios para la implementación de proyectos artesanales.
Infraestructura básica
En el ejercicio 2023, el INPI gestionará el recurso para continuar la pavimentación de roderas de concreto hidráulico hacia San Miguel Huaixtita, y dará seguimiento a los acuerdos adquiridos con CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos.
El director general dijo que para atender de manera integral el servicio eléctrico en las comunidades, se realizará un diagnóstico completo por parte de CFE para estar en condiciones de proponer una ruta crítica en la siguiente reunión de trabajo.
Sobre las peticiones de pavimentación de concreto hidráulico solicitó hacer una priorización para dar atención preferente a la conexión con las cabeceras comunales.
A la reunión asistieron autoridades agrarias indígenas de los tres núcleos agrarios y miembros de la comisión de seguimiento designados por las comunidades wixaritari de los municipios de Mezquitic y Bolaños, en Jalisco.
Del mismo modo, representantes de las Secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader); Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa); Instituto Mexicano de Tecnología de Agua (IMTA) y Guardia Nacional.
Así también representantes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), de Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la Financiera Nacional de Desarrollo y el INAH-Durango, así como invitados del gobierno estatal, entre otros.