La Ley de Ingresos de la Federación (LIF) aprobada para 2023 presenta riesgos que pueden materializarse en un mayor déficit público y derivar en más deuda o en recortes de gastos en áreas de menor prioridad para el Gobierno, según el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), que consideró como más probable el segundo escenario.
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La semana pasada, el Senado aprobó la Ley de Ingresos de la Federación por 8 billones 299 mil 647.8 millones de pesos y la envió al Ejecutivo para su promulgación. De ese monto, 7.123 billones corresponden a recursos presupuestarios, como el cobro de impuestos y servicios, y el resto está vinculado a deuda.
El Congreso autorizó al Ejecutivo un incremento del monto de endeudamiento neto interno por 350 mil millones de pesos más, el cual pasó de 850 mil millones de pesos en 2022 a 1.2 billones de pesos en 2023.
El CEESP sostuvo que ese déficit de ingresos de 1.2 billones de pesos respecto al gasto público previsto es históricamente alto.
“La deuda pública habrá de aumentar precisamente en ese monto, lo que contrasta con el discurso oficial, que sostiene que no hay endeudamiento o deuda pública nueva”, indicó en su análisis semanal.
Apuntó que de acuerdo con la proyección del Gobierno que sustenta a la LIF, la deuda en su versión más amplia (el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público) alcanzará 15.5 billones de pesos en 2023, lo que significa que en cuatro años del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la deuda total habrá aumentado en 5 billones de pesos o casi 50%.
“El endeudamiento público es elevado como se quiera ver. En todo el sexenio pasado la deuda aumentó 4.7 billones, en el antepasado en 2.8 billones y en del de 2000-2006 en 1.1 billones”, aseveró.
Señaló que en la LIF se refleja la debilidad de las fuentes de ingresos recurrentes u ordinarios, a pesar de la política tributaria instrumentada por el SAT, que ha contribuido de manera importante en la recaudación de recursos.
Destacó que aunque los supuestos para la elaboración de la LIF contemplan un rango de crecimiento económico para 2023 de entre 1.2% y 3%, de manera sin precedentes el cálculo de los ingresos fiscales y otros se hicieron con el rango superior de 3%.
Agregó que incluso bajo el pronóstico optimista del PIB, la previsión de ingresos totales respecto a lo estimado para 2022 es modesta, con un aumento de 0.8%, que en términos absolutos implica 390 mil millones de pesos.
Ese avance se apoya en un aumento de 9.9% en los ingresos tributarios que responde principalmente a un repunte significativo en la recaudación por concepto de IEPS, que compensa en su totalidad la caída prevista de 15.5% en los ingresos petroleros y de 25.8% en los ingresos no tributarios.
Expuso que las proyecciones de recaudación de ISR e IVA son también modestas, al aumentar en 0.8% y 1.5% respecto al cierre previsto para este año.
Añadió que las fuentes de ingresos no recurrentes, como el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, que servían como reservas precautorias, están prácticamente agotadas y sin expectativas de reconstitución, lo que abona a la preocupación sobre la sostenibilidad y solidez de las finanzas públicas.
Recordó que la propuesta de Presupuesto de Egresos, que deberá aprobarse a más tardar el 15 de noviembre, propone un gasto total de 8.3 billones de pesos, 649 mil millones de pesos más o 3.4% mayor respecto a la cifra estimada para 2022, y aseguró que favorece fuertemente los objetivos políticos gubernamentales, más que las necesidades sociales más evidentes.
“La distribución del gasto del proyecto de PEF refleja la determinación del Gobierno de continuar canalizando recursos crecientes a sus programas y proyectos insignia que, hay que señalarlo, hasta el momento han fortalecido políticamente al partido en el poder”, indicó.
La LIF estima un crecimiento del PIB de 3% para 2023, un tipo de cambio de 20.6 pesos por dólar y una plataforma de producción de petróleo crudo de mil 872 miles de barriles diarios.
LEG