¡Pobre Guadalupe Díaz Carranza!
Tiene todo el apoyo del Gobierno federal y el aparato de Estado pero sin ningún aval moral, profesional y legal para demostrar calidad.
Ella ha sido escogida desde Palacio Nacional para hacerse del control de los notarios públicos del país, punto de partida para cooptar a otros profesionales.
La campaña de Díaz Carranza la encabeza el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, a cuyo lado trabajan los gobernadores morenistas.
Estos se encargan de someter a los notarios de sus estados para hacerla presidenta del Colegio Nacional del Notariado Mexicano (CNNM) para hacerla dirigente de cuatro mil quinientos.
Ellos darán fe de las elecciones de 2024.
Si alguien duda de este respaldo oficial, le bastaría ver las redes sociales del gobernador electo Salomón Jara Cruz, uno de los promotores de la notaría oaxaqueña.
O la operación de cualquiera de ellos porque esa es la instrucción y confirma lo enunciado aquí: Guadalupe Díaz Carranza es la elegida presidencial para prospecto de senadora de Morena en 2024 y candidata a gobernadora en 2028.
DOCUMENTOS FALSOS
Pero hay otro tema.
Guadalupe Díaz Carranza tiene abierto el expediente penal 1209/2022, por “los delitos de falsificación de documento y uso de documento falso, cometido en agravio de la sociedad”,
Está en manos de la licenciada Mónica Gabriela Peña Rojas, agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en atención del delito contra la mujer en razón de género”.
En ausencia suya el citatorio está firmado por Martha Santiago Sánchez en calidad de “juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede en Tanivet, Oaxaca”.
En atención a las denuncias y pruebas presentadas, la promovida del Gobierno está citada para enfrentar los cargos en audiencia oficial en calidad de “imputada de referencia”.
La agente del Ministerio Público ha escogido “las nueve horas con treinta minutos del día 15 de noviembre del año en curso ante esta autoridad judicial”.
Dicho de otra manera:
La elección del nuevo presidente del CNNM será el 12 de noviembre y los notarios sabrán si eligen a una indiciada por cometer varios delitos, entre otros haber nacido entre otro estado y, según documentos en investigación, ser fedataria con documentos falsos.
¿Y LA CONSTITUCIÓN?
El Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) ha tocado un aspecto sensible.
El Congreso de la Ciudad de México tiene en la mira una propuesta para aprobar el marco legal por el soterramiento de las redes públicas.
Dice la información:
“Si bien las entidades federativas tienen competencia para establecer normas sobre desarrollo urbano de aplicación exclusiva dentro de su propia demarcación, no pueden dejar de lado o por encima del andamiaje constitucional”.
Para el IDET, “resulta evidente la intención de que a través del marco legal de la Ciudad de México se impongan obligaciones de pago por el uso del subsuelo de los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones”.
Dicho Instituto destaca también la vigencia federal en materia de telecomunicaciones y, como lo analizan los legisladores capitalinos, cualquier cobro o contribución local por el uso del suelo, “tendría claros vicios de inconstitucionalidad”.
LEG