La creación del Instituto Federal Electoral (IFE), en 1990, y su plena autonomía del Poder Ejecutivo en 1996; así como su modificación a Instituto Nacional Electoral (INE) en 2014; han sido de las conquistas más importantes de los ciudadanos mexicanos en materia de democracia. Por eso, hacer cambios que permitan a este organismo volver a manos de los poderes de la Unión es sin duda una regresión a los tiempos de la hegemonía priista.

Pero qué contiene y porqué se torna riesgosa la propuesta presidencial para la democracia mexicana:

El INE como lo conocemos desaparece y se crearía el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), que ya no tendría la atribución de conformar el padrón y, a decir de la consultoría Integralia, es probable que tampoco expida la credencial para votar con fotografía.

Una de las trampas de la iniciativa del Ejecutivo, es que, al amparo de hacer un órgano electoral más ciudadano, se elegirían a consejeros y magistrados electorales por la vía del voto popular; sin embargo, para ello cada uno de los poderes de la Unión: el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, deberá presentar la candidatura de 20 ciudadanos.

De tal manera que, en lugar de expertos, los consejeros serían políticos profesionales, militantes y activistas que estarán haciendo campaña con los recursos de los partidos políticos o de intereses externos, lo que implica que no habría autonomía alguna en su llegada al nuevo órgano electoral.

Se reduce el tamaño del Senado de 128 a 96 integrantes y la Cámara de Diputados pasaría de 500 a 300 integrantes, y todos serían electos mediante un sistema puro de representación proporcional con base en listas estatales; contrario a lo que asegura el Presidente, porque se eliminan los legisladores de mayoría, esos que salen a hacer campaña y se vota por ellos y sólo quedarían los plurinominales, es decir, los que eligen los partidos políticos.

La reforma electoral se encuentra en este momento en la cancha de la Cámara de Diputados, donde a decir del presidente de Morena, Mario Delgado, ya tienen los votos suficientes para aprobarla, incluso con la participación de algunos legisladores del PRI y del PAN. 

De aprobarse pasaría al Senado, donde se espera una mayor discusión de las propuestas y no se descartan modificaciones, para que la mayoría quede medianamente satisfecha y así lograr los votos tal como sucedió con la aprobación de la reforma que mantiene a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028.

El argumento desde Palacio Nacional es la “corrupción” que existe en el INE y que los consejeros electorales obedecen a los partidos políticos. Por lo que ahora quiere que los consejeros estén alineados, pero con los intereses de la 4T.

 

Y en Pregunta Sin Ofensa:

Qué incongruencia que el Presidente acuse de corrupto al órgano que lo llevó al cargo que tiene y que ha legitimado las 22 gubernaturas ganadas por Morena, su partido… ¿Será que lo que busca es controlar todo para perpetuarse? Por eso: el INE se defiende.

 

          @aguilarkarina