El Gobierno va muy adelante de la oposición.
Lo hemos dicho desde hace tiempo.
Pero hay fases.
Lo primero es sacar en 2023 el triunfo en el Estado de México con Delfina Gómez -luego se verá si se le sustituye con Horacio Duarte- y Ricardo Mejía.
Lo segundo es posicionar a una corcholata rumbo a la contienda presidencial del 2024, donde Palacio Nacional impulsa a Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard.
En ese orden, aunque el canciller juega en segundo nivel y en el tercero, lejos del afecto de Palacio Nacional, está el zacatecano Ricardo Monreal.
La tercera, fase en curso, es debilitar a todos los órganos electorales, desde el Instituto Nacional Electoral (INE) hasta la eliminación de sus representantes estatales (Oples) y el debilitamiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Todo ha entrado a curso acelerado esta semana, el Gobierno en compra de votos por presión o pago, y la oposición en lucha para evitar el avance de la reforma electoral.
EL PRIMER DESIGNADO
Pero hay mucho más.
Ignacio Mier, coordinador del partido del Gobierno (Morena), desde hace días deslizó el propósito de sus diputados de imponer su mayoría para designar consejeros electorales.
No lo tome a la ligera:
Ya tienen varios prospectos y aquí damos uno:
Mario Rafael Llergo Latournerie, diputado federal tabasqueño y a quien desde ahora perfilan como el próximo presidente del sucedáneo del Instituto Nacional Electoral (INE).
No demos muchos datos.
Es incondicional de López Obrador -por algo lo perfila desde ahora-, cercano a Adán Augusto López -por algo lo apoya- y experto en derecho
Lo último es fundamental porque a juicio de Palacio Nacional elimina desde ahora cualquier sospecha de improvisación o incondicionalidad al poder.
Estas proyecciones, imposiciones calculadas para asegurar obediencia en 2024, superan con mucho en tiempo a una oposición pasmada desde su derrota en 2018.
Hoy PAN, PRI, PRD y MC analizan la reforma electoral -en realidad reforma política porque cambia todo el panorama de Gobierno- mientras el lopezobradorismo va muy adelante.
Ya está en la conformación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas con el cual pretende anular la autonomía del árbitro electoral.
Es cierto.
PRIMERO LOS ALIADOS
Los partidos fardo no aguantan la presión.
Al Gobierno le urge asegurar el respaldo de ellos, pero no les conviene porque perderían prerrogativas y tal vez hasta el registro en futuras elecciones.
Es un tema central para Ignacio Mier porque debe llevar cuentas directas, y pronto, a la oficina presidencial de Palacio Nacional.
El primero en el esquema es el Partido Verde de Carlos Puente y el segundo es el petista Alberto Anaya, incondicionales del régimen pero no cuando se trata de perder recursos.
Sin su respaldo, es muy difícil intentar sumar a opositores como Rubén Moreira, el panista Jorge Romero o el perredista Luis Cházaro.
Estos están en segundo término y esa indefinición puede llevar hasta diciembre o, en caso extremo, hasta el primer período ordinario de sesiones del 2023.
LEG