No es extraño que desde el Gobierno se trate de desacreditar la marcha del próximo domingo 13, en defensa de las instituciones electorales, con insultos a quienes convocan y decidan participar.

El Gobierno sabe que, con los grupos legislativos de Morena en el Congreso y con una oposición dividida, el único freno posible a sus deseos es la voluntad popular.

La misma que cada día esgrime el inquilino de Palacio Nacional para justificar lo mismo ataques que insultos.
La marcha no es contra el Presidente, como se ha querido victimizar, sino en contra de sus intenciones de apropiarse de las instituciones electorales que son, pese a quien le pese, las mejores calificadas en el país, por encima de cualquier otra.

No es en contra de “nosotros por la forma de gobernar’’, ni es contra de los simpatizantes de Morena, como se ha querido azuzar.

Es defensa de las instituciones y de los procesos que han facilitado la transición democrática en el país y que permitieron, a partir del 2000, la alternancia en la presidencia, esa misma que benefició a López Obrador.

Pero los convocantes, así como los participantes corren un riesgo: que el contingente principal, el de la CDMX, no sea lo suficientemente concurrido como para ser tomado como una demostración de fuerza.

A diferencia de los actos de Gobierno o de campaña, en los que existe sobrada evidencia de acarreos y todo el repertorio de viejas prácticas, para esta marcha no habrá pases de lista, ni amenazas con eliminar a los ausentes de los programas de asistencia social, ni tortas ni refrescos.

La gente que acudirá lo hará por una convicción propia, de ejercer su derecho a la protesta que Morena casi escrituró a su favor.

Cuando López Obrador despachó como jefe de Gobierno del entonces DF, más de un millón de personas marchó en demanda de mayor seguridad en la capital.

Pero el jefe de Gobierno la descalificó, ironizó sobre sus motivos y al final no pasó nada.

Con ese antecedente se convocó a la marcha en defensa de las instituciones electorales.

El riesgo que se corre es mucho, desde luego, no solo por la posibilidad de que la convocatoria fracase o se azuce a provocadores para reventarla (una posibilidad lejana pero existente), sino que se lance un mensaje de desunión en un tema de vital importancia para el futuro del país.

A ver.

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Tal como se preveía, Morena y sus rémoras en San Lázaro aprobaron por mayoría simple (273 votos a favor por 222 en contra), el presupuesto de egresos para el próximo año calculado en 8.3 billones de pesos.

No hubo reasignación de recursos, solo el recorte de más de 4,500 millones de pesos para los organismos autónomos; el más afectado, desde luego, el INE.

Falta aún que se discutan las reservas del proyecto, unas 2,400, pues la oposición impugnará desde el monto hasta el proceso de discusión del presupuesto.

La pregunta es si habrá esperanza de que prospere alguna reserva; la respuesta es no, a menos que ocurra una negociación política en la que se involucre la reforma electoral.

Y eso sí nos saldría más caro como sociedad.

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En el marco de sus 91 años de historia, Cooperativa La Cruz Azul recibió la visita del Gobernador electo de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, quien acompañado por los directivos de la empresa, hizo un recorrido por la planta productora de cemento y la ciudad de Lagunas, Oaxaca.

Jara asumirá el Gobierno del estado el primero de diciembre y ayer nombró a parte de su gabinete.

LEG