Investigar las filtraciones que el grupo de hackers Guacamaya hizo públicas sobre los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sería visto por la cúpula militar como una traición del presidente Andrés Manuel López Obrador, mientras que, por otra parte, algunas operaciones encubiertas podrían verse afectadas, aseguraron expertos consultados por este diario.
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Y es que durante este sexenio el Ejército ha sido una pieza clave para la administración federal, al estar encargado de obras insignia como el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), así como el transporte de vacunas contra el Covid-19, entre otros temas.
Cabe destacar que a más de un mes y medio de que los documentos salieron a la luz, funcionarios de bajo y alto nivel señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado mantienen sus actividades con normalidad.
Michael Howarth, académico del Colegio Keystone (Estados Unidos), indicó que cuando el gobierno tiene información del crimen organizado (lo cual quedó al descubierto con los Guacamaya Leaks) y no la usa es porque seguramente está elaborando investigaciones internas para capturar a un posible capo o algún líder del narcótrafico.
“No es que no se quiera usar, el gobierno debe investigar correctamente los movimientos y la logística de los criminales, no es como capturar a un ratero o alguien que roba bancos, son bandas que también tienen inteligencia e infiltrados en el gobierno, son investigaciones que duran hasta tres años, dependiendo nivel de peligrosidad de las bandas, para que cuando se dé el golpe existan los menores civiles heridos”, explicó.
Además, destacó que en la inteligencia militar a veces los funcionarios públicos deben tener nexos o infiltrados en algún grupo criminal para no perder el control de las actividades delictivas que se ejecutan, pero no siempre es el caso, y cuando no es así se debe castigar con cárcel a los políticos.
En tanto reconoció que es grave el caso de Guacamaya, pues en caso de haber infiltrados del gobierno en los cárteles “habrían terminado con su vida y con la de sus familiares”… Pero aclaró que siempre existe un por qué de las cosas.
“Al Ejército no lo puedes hackear así de fácil, si se quisiera dar un golpe político contra la administración actual, esta información hubiera salido en temporada electoral, pero no fue así, entonces hay que pensar con qué propósito permitió el gobierno esta filtración, yo no creo que sean militares enojados, en la política todo tiene un por qué”, concluyó.
Por su parte, Sandra Angarita, analista político-internacional de la Universidad de Antioquia (Colombia), afirmó que se vería como una traición dentro de las Fuerzas armadas el que se inicie una investigación, además de que el gobierno no podría ir a juicio contra quien ha sido el eje central de su administración.
“Un Estado responsable sí, tendría que salir y hacer una investigación (…) pero el Ejército tiene esta autonomía por ser justamente dentro del Estado la figura con una mayor responsabilidad, y se supone que es como esta mano del pueblo y de defensa legítima. El gobierno no va poner en tela de juicio la credibilidad del ente en el que más confía”, dijo.
Además, señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) no tiene atribuciones para investigar, por lo que una posibilidad es que Estados Unidos abra una investigación, sobre todo en los temas relacionados con narcotráfico que le afectan directamente, como ocurrió con el caso del exsecretario de la Sedena, Salvador Cienfuegos, a quien el país vecino acusó de cuatro cargos de este tipo en octubre de 2020.
Cabe recordar que en las filtraciones de Guacamaya Leaks aparece que, en su gestión como gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, actual secretario de Gobernación, nombró como titulares de Seguridad en el estado a funcionarios que, según reportes de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), están presuntamente vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los principales generadores de violencia del país.
En su momento, al ser cuestionado sobre el tema, el Presidente evadió responder y acusó que son ataques de la prensa conservadora y advirtió que el funcionario es “honesto”, por lo que minimizó los cuestionamientos.
Austeridad mal aplicada
Al respecto, Óscar Cuevas, consultor en comunicación y asuntos públicos, indicó que se debe investigar al secretario de Gobernación y éste debe dejar el cargo, aunque reconoció que el escenario es complicado porque el presidente utiliza la ley a su conveniencia.
“Se ha utilizado la ley de una manera muy subjetiva, está por ahí el caso de Rosario Robles, el del director de Pemex (Emilio Lozoya) que a todas luces no han sido tratados de la misma manera, entonces el Presidente tiene interés en manejar la agenda pública y el poder darle forma a cómo los medios de información cubren los temas”, dijo.
Cuevas aseguró que el hackeo de Guacamaya es resultado de la política de austeridad del gobierno de López Obrador, la cuál se ha aplicado de una manera incorrecta, porque el gobierno no sabe en dónde gastar y dónde dejar de gastar.
De acuerdo con el experto, el Presidente no enfrenta el tema porque está muy preocupado por su aprobación (la cual resultaría afectada), diciendo que es el segundo mejor presidente del mundo, solo por debajo del de la India.
“Creo que se le olvidó que ovación no es gobierno y ya ha realizado de manera sistemática pues un ejercicio en el que tergiversa un poco los datos de la Mañanera… El Presidente ha dicho alrededor de 80 mil mentiras en lo que ha durado esta administración… o no mentiras pero sí información que no se puede comprobar”, expresó.
LEG