El asesinato del general José Silvestre Urzúa Padilla, en Zacatecas, los ataques del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la publicación en el Diario Oficial de la reforma constitucional para extender la presencia militar en seguridad pública hasta 2028, y la última negociación para que la Guardia Nacional sea adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional son los elementos que siguen pendientes en estrategia de construcción de la paz.
El asesinato del general Urzúa tiene muchas implicaciones graves en la estrategia de seguridad, porque se trató del coordinador de la Guardia Nacional en Zacatecas: es el primer general de alta jerarquía asesinado por el narco, el CJNG sigue operando con violencia a pesar de los llamados a la paz, Zacatecas está perdido políticamente para la seguridad y allí apareció el nombre de un Monreal y la GN está siendo atacada por los delincuentes.
Estos datos indican que no ha habido avance en negociaciones directas o indirectas con el crimen organizado para pacificar la República; al contrario, la guerra territorial del CJNG contra el Cártel de Sinaloa sigue ensangrentando el territorio nacional y manteniendo las cifras rojas de inseguridad en las estadísticas oficiales.
El crimen de un alto militar desde luego que tendrá efectos negativos en el estado de ánimo de las Fuerzas Armadas, las cuales han sido tolerantes e institucionales en mantener los compromisos gubernamentales de la paz, pero con datos cada vez más claros de que los cárteles están muy lejos de entender la lógica pacificadora del Gobierno de la República y sus expansiones de negocios en México y en el mundo siguen causando estragos la credibilidad gubernamental y sobre todo en fortaleza de las fuerzas que combaten a la delincuencia.
Zona Zero
El decreto de reforma constitucional para extender cuatro años más la presencia de las Fuerzas Armadas en seguridad tiene detalles significativos, primero, los condicionamientos: extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria; segundo, no sustituir a las autoridades civiles estatales y municipales en sus responsabilidades, y tercero, aceptar una comisión bicameral de supervisión con capacidad para convocar a los titulares del gabinete de seguridad, sobre todo los secretarios de la defensa y de Marina para explicar los reportes y dar cuenta del estado en que se encuentra la seguridad en el país.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
@carlosramirezh