Los elevados niveles de informalidad laboral en México no sólo afectan a quienes están en ese esquema, sino también a empleadores y al Estado, coincidieron especialistas en un foro organizado por la Coparmex.
Además, afirmaron que en el país no existen los suficientes incentivos que impulsen la transición hacia la formalidad.
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De acuerdo con datos del Inegi, seis de cada 10 trabajadores se emplean bajo alguna modalidad de informalidad laboral, ya sea en el sector informal como tal o dentro de una organización formal que no reconoce ante el seguro social el vínculo laboral con su empleado.
Ricardo Barbosa, presidente de Comisión Laboral de Coparmex, expuso que desde lo individual, la informalidad perjudica al trabajador al no brindarle el acceso a seguridad social, ni la oportunidad para ahorrar para el retiro o para una vivienda.
En caso de un accidente de trabajo, el trabajador tampoco tiene la posibilidad de obtener incapacidad o una pensión en el tiempo de pausa laboral, además de que carece de prestaciones como el aguinaldo.
Agregó que las modificaciones legislativas para mejorar el ámbito laboral, como la reducción de horas de trabajo y vacaciones dignas tampoco beneficiarán a este sector.
Desde lo colectivo, para los patrones la informalidad representa una competencia desleal debido a “lo complicado y caro que resulta ser formal” por el pago de impuestos y la carga burocrática, indicó Barbosa.
“Creo que ahí está parte de la falla estructural del mercado laboral (…), aparte no hay ninguna demostración de ningún Gobierno que castigue la informalidad (…) entonces las personas que están cómodamente en la informalidad, pues no tienen ningún incentivo para transitar a la formalidad”, manifestó.
“Por las buenas porque les sale más caro, y por las malas, (porque) como no persiguen a la informalidad, ¿para qué me hago la vida más complicada en puros temas de cumplimiento, independientemente que es más caro estar en la formalidad?”, agregó.
Dijo que para el Estado se pierde un área de oportunidad para los ingresos tributarios desde el Impuesto Sobre la Renta, que se grava a los empleados formales.
Gerson Martínez, especialista en políticas de empleo de la Organización Internacional del Trabajo, manifestó que la informalidad laboral compromete la sostenibilidad de los sistemas de protección social y condiciona temas fiscales como la recaudación tributaria.
Ante ello, señaló que uno de los retos para avanzar hacia la formalidad laboral se centra en la reducción de la burocracia, los costos de los trámites, así como la simplificación regulatoria.
Un estudio de la organización México Evalúa reporta que México es el cuarto país con mayor carga burocrática para sus pequeñas y medianas empresas en Latinoamérica, con un promedio de 492 horas al año.
“La informalidad condena a la persona que está en esta condición a muchas privaciones, de protección social o de derechos laborales, además la imposibilidad de ganar un salario adecuado, poder negociar colectivamente, tener un contrato de trabajo o una pensión digna”, añadió Martínez.
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