El presidente Andrés Manuel López Obrador cumple cuatro años en el poder con una estela de casos de corrupción que han ocurrido en lo que va de su sexenio.
Además, este jueves el mandatario nacional entrará a la recta final de su administración sin que ninguno de los llamados peces gordos, capturados por varios delitos presuntamente cometidos en el gobierno pasado , cuente con una sentencia condenatoria.
El combate a la corrupción ha sido uno de los principales ejes discursivos del titular del Ejecutivo, con cientos de menciones durante sus conferencias mañaneras, con frases como que las malas prácticas de funcionarios “se han barrido de arriba hacia abajo”.
Sin embargo, hay casos documentados de desvío de recursos al más alto nivel de la Cuarta Transformación, siendo el más relevante la presunta malversación de fondos de al menos nueve mil 500 millones de pesos en tres años, durante la gestión de Ignacio Ovalle al frente de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).
El 23 de noviembre pasado, durante la firma de un convenio con el Gobierno de la Ciudad de México, Leonel Cota Montaño, nuevo titular de Segalmex, admitió que, hasta esa fecha, la dependencia había presentado 32 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por posibles irregularidades financieras.
Por separado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó 11 denuncias porque, luego de agotar los procesos de auditoría de Segalmex, esta dependencia no logró comprobar el uso de más de nueve mil millones de pesos, por lo que se dio el siguiente paso que es judicializar el caso.
Por ese caso, René Gavira Segreste, exdirector de la Unidad de Administración y Finanzas de Liconsa, fue vinculado a proceso y actualmente lleva su proceso en libertad.
En comparación, el caso de la Estafa Maestra, ocurrido durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, por el que Rosario Robles, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) tiene un proceso abierto y estuvo encarcelada por más de dos años, involucró cinco mil 73 millones de pesos de presuntos desvíos, un monto menor a lo que se ha documentado en Segalmex.
Respecto a las revisiones de las cuentas públicas, la ASF señaló que, en 2019, primer año de López Obrador, hubo 100.9 millones de pesos de probables daños a la Hacienda Pública, en 2020 fueron 60 mil 229 millones de pesos, y hasta la segunda entrega del informe de los gastos de 2021, se acumulaban 10 mil 312 millones de pesos, aunque los resultados finales se presentarán en febrero próximo.
Se desconoce cuántos de esos recursos fueron comprobados por las dependencias y cuántos se comprobaron como desvíos de fondos públicos.
Además, en 2020, en uno de los puntos más álgidos de la epidemia de Covid-19, se documentó que Cyber Robotics Solutions, empresa de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo de Manuel Bartlett, titular de la CFE, iba a vender 20 ventiladores mecánicos a sobreprecio, por lo que el proceso de compra fue cancelado.
Otra de las situaciones que contrastan con el combate a la corrupción es el documentado por 24 HORAS en junio pasado, pues una investigación de este diario reveló que al menos una decena de clanes controlan puestos claves para el desarrollo del país y cuestan 100 millones de pesos al erario en sueldos y salarios.
Entre estos, destacó Carmelina Esquer Camacho, directora de Pemex Procurement International, quien es hija de Alejandro Esquer Verdugo, secretario particular del presidente López Obrador y de Alejandra Camacho González, gerente de capacitación de Pemex.
En julio pasado, se conoció que la funcionaria compró una residencia en Houston, sede de la empresa subsidiaria de Pemex, valuada en 400 mil dólares.
Sin embargo, López Obrador defendió su postulación y la adquisición de la propiedad: “ahora sale lo de una hija de Alejandro Esquer y como estoy aquí en su pueblo lo menciono, que es una gente de primera, Alejandro es mi secretario particular y su hija estudió y tiene un trabajo en Houston y compró una casa, un departamento, pero modesto”.
Polémica familiar
En lo que va de su sexenio, familiares del presidente López Obrador también se han visto involucrados en polémicas, como el caso de sus hermanos Martín y Pío, quienes aparecieron en materiales audiovisuales recibiendo dinero en efectivo, lo cual habría ocurrido previo al inicio del sexenio.
A su vez, Felipa Obrador, prima del mandatario nacional, había obtenido contratos por 365 millones de pesos con Pemex con su empresa Litoral Laboratorios Industriales y, aunque algunos fueron cancelados, el propio titular del Ejecutivo admitió que otros seguían vigentes porque los había obtenido en asociación con otros corporativos.
En Tamaulipas, Úrsula Salazar, supuesta sobrina del Presidente, enfrentó un proceso de desafuero luego de que fuera acusada de diversos actos de corrupción como diputada local.
A principios de este año se reveló que José Ramón López Beltrán, hijo del mandatario nacional, rentó una casa en Houston a un empleado de Baker Huges, contratista de Pemex; aunque en un dictamen de una consultora independiente, se determinó que no existió conflicto de interés ni otra actividad irregular en la transacción, los partidos de oposición explotaron ese tema como uno de los casos de corrupción del sexenio.
Los peces gordos
En lo que va del sexenio, exfuncionarios y empresarios de alto perfil han sido encarcelados por su presunta participación en actos de corrupción, pero ninguno tiene sentencia.
Rosario Robles, extitular de Sedesol, por su implicación en la llamada Estafa Maestra; Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, por recibir sobornos millonarios, y Jesús Murillo, exprocuador, por irregularidades y presunta tortura en la investigación del caso Ayotzinapa; sin embargo sus proceso aún siguen en curso.
Respecto a empresarios, Juan Collado, quien también era abogado del expresidente Enrique Peña Nieto, lleva cuatro años en la cárcel, acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita; y Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México fue encarcelado por vender una planta chatarra a Pemex, pero fue liberado porque llegó a un acuerdo reparatorio de más de 200 millones de dólares.
Promete Presidente acatar orden de Suprema Corte
Por: Marco Fragoso
El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió acatar la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y enviar la tarea de aspirantes para el Pleno dela Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
Ayer, en conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el titular del ejecutivo aprovechó para arremeter contra el organismo: “Vamos a cumplir con el mandato de la Corte, y vamos a enviar la terna. Yo no estoy de acuerdo con lo de la Cofece, porque es un organismo que defiende a empresas particulares, no defiende a las empresas públicas”, comentó.
Además ,señaló que escogerá a candidatos que no conoce ni escogió, pues aseguró que se le mandaba lista ya elaborada.
Añadió que no existen las condiciones para desaparecer a la Cofece, pero no descartó que posteriormente intente desmantelar al organismo autónomo.
LEG