Puede parecer poco importante que sea hasta finales del 2022 que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva una controversia constitucional interpuesta por alguien que hoy ya no es legislador, sobre un decreto presidencial del 2020.

Incluso, como el tema atiende un acuerdo firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para que las fuerzas armadas se quedaran en las calles hasta 2024, podría parecer que ya no tiene importancia cuando el presidente del PRI, Alito Moreno y otro grupo de frágiles legisladores opositores, se doblaron para permitir la presencia militar en las tareas de seguridad pública hasta 2028.

La realidad es que tiene mucha más importancia que el acuerdo mismo, porque en la resolución de la Corte hay una validación al hecho de que López Obrador sí tenga facultades de pasar sobre la Constitución a punta de decretos.

Esta resolución llega dos días después de que el Presidente se ha quitado cualquier máscara y sin importarle las consecuencias por incitar a actos partidistas financiados con recursos públicos, ha movilizado a sus fieles a las calles de la Ciudad de México para promover su movimiento.

Ha sido intimidante para todos los sectores sociales que el Presidente se sienta ofendido con una marcha de la sociedad civil y en un arranque ordene que él y su movimiento van a demostrar que en eso de sacar gente a las calles nadie le gana.

En unos días, sin pudor por el uso de los recursos públicos, sus subordinados y representantes de otros poderes y otros niveles de Gobierno le montaron ese monstruo de marcha del domingo pasado.

Va por todas en la recta final de su administración, si es que realmente cumple con los tiempos de la Constitución. Lo que está claro es que busca a cualquier costo asegurar que se mantenga su movimiento político en el poder.

Lo que decidió la Corte queda relegado de la opinión pública por su complejidad técnica y porque claramente hay más atención a un partido de futbol que a una resolución judicial.

Son temas áridos y desconocidos para una gran mayoría, pero que tienen consecuencias que no siempre se apegan al texto constitucional, como esa chicana que permitió que López Obrador, con la modificación de leyes secundarias, pasara sobre la reforma energética constitucional del 2013.

El principal objetivo del régimen está en las elecciones del 2024 y para ello busca garantizar el control del árbitro y del número de legisladores en las cámaras del congreso.

Por más que pudiera parecer obvio que no pasará su reforma constitucional, porque ni siquiera sus partidos satélites la quieren aprobar, sí hay un intento de influir lo más que se pueda con decretos y leyes secundarias.

No debería ser opción que una ley secundaria en materia electoral se impusiera sobre el texto de la Constitución a través de una chicana, o que un decreto presidencial permitiera algo que la Carta Magna impide.

El problema es que ya vimos que eso sí puede suceder con las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

    @campossuarez