La mayoría de Morena y sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Cámara de Diputados aprobaron esta madrugada reformas a leyes secundarias con lo cual concretaron el llamado plan B del presidente López Obrador para conseguir una reforma electoral.
En la jornada legislativa de ayer se realizaron dos sesiones ordinarias en el Pleno, en la primera, presencial, la oposición logró echar abajo la intención del bloque oficialista por modificar la Constitución en materia electoral.
Te podría interesar: Plan B elimina a un órgano incómodo
En la segunda, que se realizó de manera semipresencial, pues ya no era indispensable la permanencia de los legisladores en el salón de Plenos porque se trató de reformas a leyes secundarias y no constitucionales, el bloque oficialista de Morena-PT-PVEM consiguió modificar la Ley General de Comunicación Social, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y expidió la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Los diputados de la mayoría presentaron reservas al dictamen que envió el Ejecutivo Federal, entre ellas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para definir en la ley los Sistemas Normativos Indígenas; en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para que los materiales y documentos electorales cuenten con una traducción a las lenguas indígenas preponderantes en las regiones correspondientes, y una más para establecer que quienes decidan contender por la elección consecutiva por el mismo principio, podrán hacerlo por un distrito y circunscripción diverso, cumpliendo el requisito de residencia.
Además, se modificaron diversas disposiciones para que, en cuanto al procedimiento electoral sancionador, la Sala Especializada del Poder Judicial de la Federación sea el órgano resolutorio.
De los cambios propuestos y aceptados, destacó el que blinda a los partidos ante la posible pérdida del registro.
“Al partido político nacional que no obtenga, al menos el 3% del toral de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones (…) le será cancelado el registro, salvo que haya conservado el registro como partido local (…) esto aplicará para la elección donde se elijan Presidente de la República, senadurías y diputaciones federales, así como en la elección donde solo se renueve la Cámara de Diputados”, señala el documento.
Antes del debate en lo general y en lo particular de las iniciativas, los legisladores del PAN, PRI, PRD y MC se retiraron de la sesión, por lo que solo permanecieron en el salón de plenos los diputados de Morena, PT y PVEM.
El diputado Miguel Ángel Torres Rosales: Gracias. Diputadas y diputados, presento esta moción suspensiva dirigiéndome al pueblo de México, para decirles que como ya es una característica de este régimen estamos discutiendo un dictamen que es producto única y exclusivamente de la terquedad del jefe de la fracción oficialista de esta Cámara.
Frente a nosotras y nosotros tenemos un dictamen cuyo contenido ronda las más de 300 cuartillas, que violenta el proceso legislativo, que fue recibida hace apenas unas horas, y que ni las diputadas y diputados de Morena, del PT y del Verde conocen, no la han leído, no conocen lo que van a votar, solamente lo harán porque así se los ordenaron desde Palacio Nacional.
Póngase a estudiar mejor y póngase a leer lo que va a votar para que les responda a sus electores.
El diputado Miguel Ángel Torres (PRD) acusó que fueron en vano los múltiples esfuerzos, foros, discusiones, propuestas y ejercicios democráticos, cuya finalidad fue enriquecer y construir una propuesta que tuviera los mayores consensos.
“Hoy discutimos una iniciativa antidemocrática, anticonstitucional, que violenta, entre otras disposiciones constitucionales, el artículo 41, Apartado B, al pretender quitarle el padrón electoral al INE.
“Con su mayoría artificial podrán votarla, pero acudiremos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que les corrijan la plana nuevamente”, advirtió.
En la bancada perredista se dijeron convencidos de que el Senado objetará las reformas o, si no, recurrirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La diputada Joanna Felipe Torres (PAN) dijo que su partido no sería una oficialía de partes del Ejecutivo, “ni cómplice ni esclavo de los caprichos del presidente de la República”.
Te podría interesar: Morena, PT y PVEM presentan “plan C” de reforma electoral
“El presidente no piensa en fortalecer a las instituciones, tampoco piensa en consolidar la democracia. Lo mueve el resentimiento, la revancha y los intereses personales de perpetuarse en el poder.
“Las riñas mediáticas que ha sostenido con el presidente del Instituto Nacional Electoral, con el Tribunal Electoral, con los periodistas, con los activistas, con los empresarios y hasta con sus excolaboradores y con todo aquel que no le rinda pleitesía, que lo critique o que lo contradiga es de conocimiento público y de vergüenza internacional”, sentenció la panista.
RM