El Plan B de la reforma electoral, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, plantea la desaparición de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), misma que en reiteradas ocasiones determinó que el mandatario nacional violó la Constitución al influir de manera ilegal en los procesos electorales.
Los diputados avalaron en lo general y particular reformas a leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales; de Partidos Políticos y Orgánica del Poder Judicial; y expedir la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
La iniciativa presidencial contempla eliminar “la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral, cuyas atribuciones serán absorbidas por la Sección Resultora de la Sala Superior del TEPJF“.
Desde 2019, ese órgano judicial, integrado por tres magistrados, ordenó al Órgano Interno de Control de la Presidencia de la República -en varias ocasiones- abrir una investigación por la presunción del uso de recursos financieros y humanos para vulnerar la equidad y neutralidad de las elecciones desde la conferencia mañanera.
Lo anterior, porque López Obrador en reiteradas ocasiones ha emitido posicionamientos sobre partidos y candidatos, así como propaganda gubernamental, en periodo prohibido por la Constitución.
Además, la Sala Especializada, que ahora busca desaparecer López Obrador, ha ordenado a la Presidencia publicar en sus redes sociales los extractos de las sentencias en las que se acredita las violaciones a la Constitución y el principio de neutralidad.
En marzo pasado, durante la consulta de revocación de mandato, ese órgano determinó “la existencia de las infracciones consistentes en la difusión de promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos, por la organización, celebración y difusión del mensaje a la nación por los tres años de gobierno”.
Sin embargo, el Presidente criticó que se le haya ordenado publicar en las redes sociales oficiales dicha sentencia, pues, de no hacerlo, dijo que Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de Comunicación Social, y Martha Jessica Ramírez González, directora de comunicación digital, podrían ser arrestados.
La propuesta presidencial también contempla modificar una porción del artículo 443 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, con lo cual se le agregaría que queda prohibido que se calumnie al Gobierno en la propaganda de partidos políticos.
Entre las propuestas, resalta una reingeniería administrativa del Instituto Nacional Electoral (INE), con lo que se busca evitar la duplicidad de funciones y lo que significaría el adelgazamiento de la burocracia de ese órgano nacional.
También incluye la derogación de la Junta General Ejecutiva y la Secretaría Ejecutiva, por lo que se contempla la destitución inmediata de Edmundo Jacobo Molina, quien ha ocupado la titularidad de esa área desde 2008 y su periodo culmina en 2026.
Otra de las modificaciones planteadas, aunque no se explica cómo operará, es fusionar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) con los cómputos distritales, por lo que se presume que habrá un solo mecanismo para conocer los resultados oficiales de una elección, el cual arrancará el mismo día de los comicios en turno.
A su vez, las 300 juntas distritales del INE, que funcionan de manera permanente y cuyos edificios, la mayoría son arrendados por el órgano electoral, perderán ese carácter y serán temporales.
Aunque tampoco lo explica, la iniciativa señala que se elimina la rama administrativa del Servicio Profesional Electoral Nacional. Al respecto, el consejero Ciro Murayama señaló que ese órgano “no tiene rama administrativa. O sea, quieren desaparecer algo que NO existe. Así de serios. ¿Plan B o V de venganza?”.
Oposición frena reforma electoral a la Constitución
Por: Jorge X. López
El dictamen que pretendía modificar la Constitución en materia electoral, y cuya base era la iniciativa enviada por el Presidente de la República a la Cámara de Diputados, fue desechado al no conseguir los votos suficientes en la sesión de ayer del Pleno en San Lázaro.
El documento requería de mayoría calificada para ser aprobado, por lo que eran necesarios votos de la oposición para alcanzar dos tercios a favor para su aprobación.
El tablero quedó con 269 votos a favor, 225 en contra y una abstención; el bloque oficialista se quedó a 61 votos de conseguir la aprobación del dictamen.
Como lo anunciaron desde meses atrás, los grupos parlamentarios del PAN, PRI, PRD y MC en San Lázaro propinaron al presidente López Obrador su segunda derrota al intentar modificar la Constitución, ahora en materia electoral.
Antes lo hizo en abril, cuando frenó la reforma energética.
El coordinador del PRI, Rubén Moreira, aseguró que votaron en contra luego de analizar, discutir y reflexionar los cambios propuestos.
Explicó que la decisión la tomaron con base en los argumentos expresados en los parlamentos abiertos, en una revisión a los procesos históricos que sostienen la actual ley, “y por la muy valiosa y vigorosa opinión de las y los mexicanos, que interesados en el tema, han salido a las calles a manifestar sus ideas”.
El líder de los legisladores de Acción Nacional, Jorge Romero, recriminó al bloque oficialista que aunque sean 500 legisladores, siempre terminan votando la iniciativa de una sola persona.
Señaló que el dictamen desechado sí pretendía quitarle el padrón de electores al Instituto Nacional Electoral (INE); “pulverizar” el federalismo electoral al desaparecer los 32 OPLE, los 32 tribunales electorales, y destituyendo a todos los consejeros actuales para escoger nuevos.
“¿Y cuáles son las razones que ustedes han dado?, primero, que porque el INE y el Tribunal son autoridades que se han dedicado prácticamente a avalar el fraude electoral (…) Todo lo que ustedes han ganado, lo han ganado con estas autoridades y con estas reglas democráticas (…) han ganado la Presidencia de la República, 22 gobiernos estatales, lo que tengan que sea que tengan en las Cámaras. ¿Cuál fraude?”, cuestionó el panista.
En su posicionamiento, el coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier, aseguró: “No se engañen… Lo que quieren es preservar sus intereses, es el único reducto que les queda”, señaló.
Tras el rechazo del dictamen la sesión presencial se concluyó y se citó para una semipresencial en la que se discutiría y votaría el plan B de López Obrador para la reforma electoral.
Al cierre de esta edición, la sesión que discutiría las leyes secundarias no había comenzado.
FRASE
“Se desechó la reforma electoral constitucional en la Cámara de Diputados. Ergo: se mantiene el INE autónomo, no se le quita el padrón electoral y sigue el Servicio Profesional Electoral. Ahora a cuidar que en la legislación secundaria no se quiera atentar contra la Constitución”
Ciro Murayama
Consejero del INE
LEG