El próximo 31 de diciembre concluye la gestión de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea como ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo esfuerzo consistió en reformar el Poder Judicial. Próximamente, se elegirá a su sucesor por mayoría simple, es decir, cuando menos seis votos de los integrantes del Pleno.
¿Qué le espera al Poder Judicial de la Federación en los cuatro años subsecuentes? Cada perfil ha presentado sus líneas generales de trabajo, así como respuestas atinadas que recogen el sentir de las y los juzgadores. Entre los principales aspirantes al cargo se encuentran: Norma Lucía Piña Hernández, Yasmín Esquivel Mossa, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez Dayán. Los cinco candidatos son personas ampliamente reconocidas como juristas.
¿Por primera ocasión una mujer asumirá dicha responsabilidad y cerrará la brecha de género existente? Ya ocurrió en el Banco de México con Victoria Rodríguez Ceja y en el INEGI con Graciela Márquez Colín. Afortunadamente, se han dado señales de mujeres ocupando espacios de poder, en respuesta al reclamo social y la importancia que tienen en dichos. La propuesta de Norma Lucía Piña Hernández, es muy interesante dada su trayectoria, experiencia y profesionalismo en lo que respecta a sus posicionamientos —más allá de coyuntura política—.
En este sentido, la ministra Piña tiene una extensa e interesante carrera judicial, ha emitido y votado sentencias relevantes en pro de los derechos humanos y su interpretación más amplia y, ha sido un eje rector en los temas de género dentro del Alto Tribunal. Por lo tanto, si ella llegara a ser la primera mujer en presidir la Suprema Corte, generaría un gran impacto y un buen mensaje para la sociedad.
Quien encabece el máximo tribunal constitucional presidirá, a su vez, el Consejo de la Judicatura Federal para el período 2023-2026. Dichos órganos conforman los pilares del Poder Judicial de la Federación junto con los Juzgados de Distrito, los Tribunales de Circuito y el Tribunal Electoral.
Igualmente, quien ocupe la presidencia de la Corte deberá guiar su actuación bajo el principio rector de la independencia judicial, mismo que garantiza la imparcialidad en la toma de decisiones —en plena libertad— con apego al marco constitucional y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Adicionalmente, es preciso tomar en consideración el impulso de la carrera judicial por conducto de la Escuela Federal de Formación Judicial, así como la implementación del servicio civil de carrera en áreas administrativas.
Entre otros aspectos, destaca la necesidad de consolidar la lucha contra la corrupción y las malas prácticas al interior del Poder Judicial de la Federación y debe llevarse a cabo una reingeniería en la esfera administrativa con el objetivo de acercar la justicia a la ciudadanía —y reconstruir la confianza en dicha institución—.
Aunado a quien conduzca la Suprema Corte a partir del 2 enero de 2023, el Poder Judicial de la Federación deberá continuar actuando con estricta autonomía, en un marco de credibilidad institucional, frente a impugnaciones por actos de gobierno —por ejemplo, el resultado de las reformas a leyes secundarias en materia electoral—. En todo sistema presidencial, los pesos y contrapesos generan equilibrios y evitan abusos del poder político.
¿Será la independencia judicial otra de las cosas que no hacemos?
Consultor y profesor universitario
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